En ese sentido, la legisladora también pidió se establezca que número de plazas hay disponibles para el alojamiento de internos, que cantidad de empleados y funcionarios que se encontraban trabajando al producirse el hecho, las actuaciones administrativas labradas en ocasión del incendio y el resultado de las mismas, la existencia de denuncias por maltrato a los internos y la situación edilicia del Centro de Contención con los relevamientos efectuados y resultado de los mismos.

Así, la diputada Cobista consideró que “el día martes 12 de julio del corriente año se produjo un incendio, intencional, en el marco de un motín registrado en el Centro de Contención de Menores ubicado en la localidad de Batán y de acuerdo a versiones periodísticas, los internos reclamaban mejoras edilicias y en el trato con el personal. Según trascendió extraoficialmente, el problema sería el traslado de un sujeto que mantiene una serie de disputas con otros internos. Sin embargo, los familiares explicaron que los internos viven con malos tratos por parte del personal y que, ya son preocupantemente reiterativos los hechos irregulares (motines, fugas, etc) que se producen en este establecimiento”.

“Ha sido concluyente el informe presentado por la FACA (Federación Argentina de Colegio de Abogados) tanto, respecto de la situación edilicia como de vulneración de derechos humanos esenciales de todo tipo, según las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. De acuerdo a dicho informe el Centro de Recepción, ha sufrido una seria alteración en relación a su función o destino original, ya que su construcción se correspondía con un centro “Socio Educativo”, funcionando, actualmente, como un lugar de contención, donde se incorporaron rejas en la habitaciones, transformándolas en celdas”, y se inhabilitaron para el uso común el comedor, los playones externos de recreación, conservando solamente un patio semi- cerrado, con techo enrejado de 4 metros por 8 donde, en grupos de 6 se desarrollan las clases de educación física” remarcó García.

Más adelante, la diputada agregó que “de la asistencia sanitaria de los adolescentes, los letrados manifestaron que los menores tienen un servicio de enfermería a cargo de una sola enfermera y enfatizaron: “No reciben médico en el lugar: sólo cuentan con un servicio de ambulancias privado CARDIO, por medio del cual, en casos de emergencia, son trasladados para su atención en consultorio u hospital público. El informe advierte que los niños y adolescentes alojados en el Centro de Recepción de Menores de Máxima Seguridad y el Centro Cerrado Mar del Plata se encuentran en “estado de extrema vulnerabilidad”: pasan la mayor parte del día encerrados en habitaciones con rejas o mirando televisión y no realizan actividades recreativas ni físicas”.

“En relación a las condiciones de las habitaciones/celdas, indicaron que las mismas “están desprovistas de toda pertenencia personal de los jóvenes como cordones o cigarrillos, que son decomisados fuera de su alcance; los colchones se encuentran derruidos; las duchas y lavabo no cuentan con canillas ni lluvia, inodoro sin tapa y baños sin puertas; no se les permite contar con equipos de radio, TV ni audio de ningún tipo; incluso no se ve material de lectura, sólo algunas revistas; no hay instrumentos musicales, sólo se observa trabajos de Origami y de cestería, verdaderas obras producto de la paciencia y del tiempo de encierro. No se observa el producto de otras tareas desarrolladas en el marco de programas de capacitación laboral y/o cultural o de entretenimiento” enfatizó.

“Como he sostenido con anterioridad, surge claramente, no solo la situación de precariedad e irregularidad con la que funciona el Centro de Recepción de Menores, sino, también, la desidia, la falta de capacitación y de medios para cumplir la adecuada tarea de vigilancia y de reinserción social de los jóvenes alojados en él. Es necesario deslindar responsabilidades, no solo en cuanto a los hechos del incendio, sino también a las condiciones de habitabilidad de los edificios, informando ciudadanos de la provincia de Buenos Aires las condiciones de funcionamiento de estas dependencias” añadió por último García.