Los controles se realizan en el marco de la política de la secretaría de Gobierno, para que cada actividad respete la normativa que la rige, que estos establecimientos cuenten con las condiciones necesarias para albergar a los adultos mayores, y para preservar la salud y la vida de quienes se alojan en estos sitios y sus trabajadores.
Personal de la Dirección General de Inspección General prosigue con los operativos de control a establecimientos geriátricos de nuestra ciudad. Este miércoles fue el turno del ubicado en Liniers y Río Negro.
Al respecto, el titular de dicha dependencia municipal, Eduardo Bruzzeta, señaló que “se mantiene el buen ritmo con el control de normas de seguridad e higiénico-sanitarias de los geriátricos. En el último mes y medio hemos controlado a 50 instituciones. Es nuestro interés que los abuelos estén en buen estado de salud y que se cumplan con todas las normas de seguridad exigidas para esta clase de establecimientos y también por darles la tranquilidad -a los familiares de las personas aquí alojadas- de que el municipio está constantemente verificando todo esto”, agregó.
El funcionario remarcó que el establecimiento inspeccionado en esa oportunidad “tiene 32 abuelos alojados, de los cuales el 95% de ellos pertenecen a PAMI y cumplen con todos los requisitos en los diferentes sectores de enfermería y de manipulación y elaboración de alimentos. Realmente muestran una higiene y un cuidado que hay que destacar”.
“Además, desde la Dirección de la Tercera Edad –dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sociales a cargo de Alejandra Urdampilleta- se realizan entrevistas no solo con los abuelos que están allí sino que también con sus familiares. En este caso se pudo observar conformidad”, señaló.
Más allá del operativo de este miércoles, Bruzzeta enumeró cuáles son los principales problemas que se encuentran en los distintos controles. “Las irregularidades que se pueden apreciar pasan por algunas cuestiones de humedad en paredes y techos, encontrar alguna luz de emergencia agotada o con alguna falla, pero que no pone en peligro la integridad física de los que están aquí alojados. En caso de encontrar algo así, se clausura el lugar y se comunica dicha situación a los familiares, para que en un término de entre 24 y 48 horas se lo pueda trasladar a otro lugar”, aseguró.
“Ya no hay establecimientos que muestren un deterioro en sus estructuras y que hagan peligrar la situación de las personas alojadas. Aparte, la presencia constante y permanente de la Dirección General de Inspección General hace que los titulares de esos establecimientos muestren responsabilidad, que tengan en cuenta que –más allá del lucro- en estos lugares se alojan personas”, aseguró.