Según el fallo, al que tuvo acceso Télam, la medida la adoptó el juzgado civil y comercial 25 de La Plata a cargo de Carlos Catoggio quien ordenó como medida de “no innovar” retrotraer las tarifas a los valores previos al aumento de los peajes en la ruta 2, el Corredor del Atlántico y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Las resoluciones que cuestionó la Defensoría son las 78 y 79/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, que ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, las que según el organismo no brindan una información adecuada y veraz de los alcances de los aumentos, ni refiere qué costos han incrementado de tal forma la tarifa.

El nuevo cuadro tarifario indicaba que en el caso de la ruta 2 los peajes de Maipú, Samborombón y La Huella pasarán de 45 pesos a 75; en tanto que las cabinas de Madariaga y Mar Chiquita, sobre la ruta 11, se incrementarán a 35 pesos.

Respecto de la Autopista Buenos Aires-La Plata, pasará de 30 a 40 pesos en hora no pico, y de 40 a 50 pesos en horario pico.

En el fallo, el magistrado consideró que ante la decisión de aumentar las tarifas “es necesario informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados”.

Para ello, entendió que “la normativa consumeril sí exige el cumplimiento del deber de información, resultando dicho procedimiento -la audiencia pública- el más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de todos los sujetos involucrados”.

“Aún cuando la apreciación acerca de si la forma que debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados”, graficó.

En su fallo, el juez hizo mención también a que el aumento “choca contra otros inconvenientes que sufren a diario quienes recorren estos trazados, como el colapso en las rutas en fechas determinadas –como por ejemplo el pasado fin de semana largo de carnaval- o la postergación que se mantiene hasta el día de la fecha de la rehabilitación de la línea del tren Roca que llega a La Plata y que repercute directamente en la Autopista La Plata - Buenos Aires”.

Para el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, la medida judicial “es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los consumidores”.

“El fallo reconoce los múltiples inconvenientes que sufren a diario los usuarios de las principales rutas de la Provincia, y la necesidad de que se avance en una decisión que abarque las posturas de todos los involucrados”, señaló.

En la misma sintonía se pronunció el presidente de la Comisión de Transporte del Senado bonaerense, Alejandro Urdampilleta quien consideró que el fallo “protege a los usuarios de los atropellos del Estado”.

“Habíamos advertido que el aumento de los peajes era ilógico y arbitrario y que las resoluciones del Ministerio de Infraestructura no tenían ningún tipo de argumento que justificara el incremento”, aseguró el legislador de la primera sección electoral.