El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Andrés Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires y allanó la sede del Ministerio de Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño tras detectar la migración irregular de datos biométricos del Renaper de más de 7,5 millones de personas.

A partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar si este tipo de procedimientos pudo haber sido utilizado para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia de políticos, dirigentes sociales, sindicalistas y otras personalidades.

En los últimos tres años, según denunciaron desde el CELS, "el Gobierno de la Ciudad buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite".

Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Renaper.

Entre los datos biométricos que se migraron se encontrarían los del presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Kirchner; el diputado Máximo Kirchner; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y opositores, como Elisa Carrió, José Luis Espert, Gerardo Morales y Javier Milei.