En diálogo con Cazador de Noticias el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, informó que “estamos interviniendo en la situación que es de escala nacional y afecta a psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, transportistas y familiares de personas con discapacidad, perjudicados por el retraso en el pago de sus honorarios profesionales, que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos”.

Explicó que “esta situación depende de la Superintendencia de Servicios de Salud perteneciente al Ministerio de Salud de Nación, que es el que debe girar los fondos a las Obras Sociales para el pago a estos profesionales”, agregando que “los pagos son a 90 días, pero ahora hay mayores retrasos. Así que nosotros hemos recibido a algunas personas que se han expresado frente al Municipio, planteándonos esta problemática y estamos en contacto con la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, incluso debido a que estas manifestaciones se dieron en distintos puntos del país, también es de preocupación de la Defensoría del Pueblo de la Nación y están interviniendo para lograr la regularización de los pagos”.

Remarcó, además, que “se habla de un recorte y las autoridades nacionales salieron a decir que no era un recorte sino un retraso, pero lo que nosotros estimamos es que no pueden retrasarse estos pagos, es inadmisible que los pacientes dejen de tener la prestación que corresponde porque son personas que, por sus discapacidades, evidentemente, cortar estos tratamientos les significan un retroceso, que a veces es un retroceso irrecuperable”.

Finalmente, volvió a hacer hincapié en que “estamos acompañando a los familiares y prestadores para que el Estado cumpla su rol como corresponde, girando los fondos en tiempo y forma. Obviamente que rechazamos cualquier recorte y exigimos la regularización de los pagos retrasados”.