Quiero hacer un llamado de atención a los decisores de políticas públicas y a la ciudadanía en general sobre esta tecnología que se intenta implementar y que en principio y sin ahondar en las profundidades del tema se puede asegurar que es una herramienta insegura, discriminatoria, riesgosa, que atenta contra nuestros niños y niñas y por sobre todo contra nuestros derechos individuales como ciudadanos en el marco de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el reconocimiento facial nunca protege, siempre vulnera derechos.

Básicamente los sistemas de reconocimiento facial con fines de identificación son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad y amenaza los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, el derecho a la igualdad y el derecho de privacidad de niñas y niños, entre otros derechos.

En este punto, es importante recordar que las normas internacionales de derechos humanos establecen tres condiciones que se deben cumplir para determinar si una intervención en el derecho a la privacidad es legítima o constituye una violación de derechos humanos: en primer lugar, toda intervención debe de estar prescrita por ley y ajustarse a ley; en segundo lugar, debe perseguir un fin legítimo; y en tercer lugar, debe ser estrictamente necesaria para lograr un fin legítimo, como por ejemplo proteger la seguridad nacional o el orden público y debe de llevarse a cabo de manera proporcionada a ese fin. En base a esto puedo indicar que el intento de implementación de esto por Montegro es casi como querer matar una una mosca con un cañón.

Realmente es una tecnología de las que podemos llamar desproporcionada. El reconocimiento facial es una tecnología altamente intrusiva, que obliga la recolección y almacenamiento de un dato sumamente íntimo, como es nuestro rostro, en tareas de vigilancia del espacio público.

La utilización de esta herramienta conlleva la recolección masiva e indiscriminada de información altamente sensible y, al menos potencialmente, permite la creación de perfiles detallados de rutinas diarias de todas las personas. Cuando se utiliza como verificador de identidad - por ejemplo, en el marco de un trámite con el estado o la gestión de un beneficio social- usualmente puede ser sustituida por otros métodos menos invasivos y lesivos de derechos y, por lo tanto, debe evitarse.

Si alguien se apodera de estos datos, perderíamos totalmente el control de nuestra vida y esto quedaría en manos de terceros.

Ningún estado municipal debería tener tamaño poder de vigilancia y control ciudadano como se propone, esto en principio no tiene justificativo de ninguna índole para ser incorporado en la vida de los vecinos y vecinas de nuestras ciudades y violar derechos que los ciudadanos tenemos en el marco de la dignidad y la libertad.

El reconocimiento facial no puede ser tomado a la ligera, hace muy poco el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, se pronunció negativamente sobre el tema, observando el caso que ocurría en CABA, casi un calco del proyecto que Juntos por el Cambio presentó en otras ciudades como en La Rioja capital o aquí en Gral. Pueyrredon.

Hasta ahora nada surge que indique que se han realizado evaluación de impacto en la privacidad antes de la presentación del proyecto para implementar estas amplias redes de cámaras de vigilancia o sistemas de reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas (recordemos que fueron dos proyectos de ordenanzas, uno seguido detrás del otro, fotomultas y reconocimiento facial).

El intendente Guillermo Montenegro hasta ahora, no pudo explicar con razones valederas y de peso su necesidad y proporcionalidad de implementación.

En estos casos es esencial que las evaluaciones preliminares de impacto se lleven a cabo antes de proyectar algo así, cualquier proyecto de esta índole que sea presentado sin estas evaluaciones debe de ser tomado mínimamente como irresponsable.

No sabemos tampoco cómo se proyecta hacer el cuidado de los datos sensibles que recogen estas cámaras, que va a pasar con los metadatos, si estos van a estar incluidos y si van a tener la misma protección que los demás datos, quienes administrarán estos datos si va a ser el estado municipal o lo van a tercerizar (datos biométricos de rostro, dígito pulgar, iris, dato dominial de vehículo, etc).

Esto indudablemente deja un interrogante, de cuál es el verdadero interés del Intendente ya que las ciudades modernas, ordenadas y seguras, no se realizan en el marco de un “Estado de vigilancia a los ciudadanos” donde no se discrimina si se está vigilando a un adulto o a un niño o niña, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, y donde no está claro si los datos de reconocimiento facial van a estar en manos de terceros o del municipio y como nos asegura el intendente Montenegro que los datos no sean extraídos, manipulados y utilizados por terceros como ya pasaron en el pasado inmediato donde se robaron datos del Municipio y hasta se pidió rescate por los datos robados.

Lo que sí está claro que es un disparatado costo (el de fotomultas y reconocimiento facial) para un estado que no puede garantizar, agua corriente, asfalto y salud en todos los barrios de Mar del Plata y Batán.

Necesitamos que los concejales de los distintos bloques hagan una revisión profunda sobre este tema, no puede ser liviana la toma de decisiones sobre esto que impacta de manera importante en el sistema democrático, sobre todo para aquellos defensores del sistema constitucional y de las garantías consagradas en ella, los pactos y convenciones que nuestro país ha suscrito, esta tecnología hasta ahora es violatoria de muchas de esos derechos, los ciudadanos necesitamos de su compromiso y responsabilidad sobre este tema.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.