A través de un comunicado, el Sindicato Único de Peones de Taxi (S.U.PE.TAX.), pregunta: ¿Hasta cuándo las autoridades de la Dirección Municipal de Transporte y Tránsito seguirán haciendo caso omiso a la situación que enfrentamos, trabajadores y usuarios, ante el transporte ilegal.

Este flagelo producido por el derrumbamiento institucional experimentado por nuestra Nación, tras la aplicación de las políticas de corte neoliberal impulsadas durante toda la década de los 90’s y principios de la presente, ha provocado el desmembramiento consecutivo de los lazos de unión entre los trabajadores y el constante desmejoramiento de las condiciones presentadas por un servicio público, que diariamente eligen decenas de miles de usuarios de nuestra ciudad.

Gran cantidad de desocupados se vieron obligados en su momento, a recurrir a este tipo de actividad marginal para lograr el sustento diario. Acompañados por la complicidad de quien si bien, no ejecuta, permite mirando hacia otro lado. La dirigencia taxista, patronal y obrera, de aquellos tiempos no supo estar a la altura de las circunstancias, colaborando por omisión de la acción correspondiente, al surgimiento y proliferación de este mal. Que en algunos casos (por no decir todos), en lugar de ser perseguido y erradicado, fue “premiado” con licencias de remise. Las que en su mayoría, fueron entregadas a “amigos” del establisment o punteros políticos, para descomprimir el clima de agitación social que se gestaba en Mar del Plata; localidad que presentaba uno de los mayores índices de desocupación del país, con un numeroso ejército de desocupados y excluidos que pasarían no tan lentamente, a nutrir las filas del transporte ilegal. Generando la consecuente saturación de la oferta del mercado, y la inevitable precarización de las condiciones laborales y de servicio. Perjudicando directamente a miles de familias sustentadas por el ejercicio de la prestación del Servicio de Taxi, y a decenas de miles de usuarios que vieron cómo se deterioraban las unidades negras y amarillas.

A partir del “giro” operado por el actual Gobierno Nacional en las políticas económicas y sociales, el país asiste a una etapa de crecimiento ininterrumpido que lentamente, devuelve a los distintos estratos que conforman nuestra sociedad sus derechos y beneficios. Mar del Plata, en este tiempo ha recuperado su estatus de destino turístico internacional y ha vuelto a ser la ciudad más visitada por los veraneantes vernáculos; ha visto un importante desarrollo de la industria pesquera; el crecimiento sostenido de la construcción, con empleo pleno; y un escaso pero efectivo mejoramiento de las condiciones de los trabajadores de todas las actividades que se desarrollan en la ciudad.

Pero paradójicamente, el transporte ilegal sigue incrementándose a pasos agigantados bajo la tutela del laisser-faire de los funcionarios municipales, que esta vez no pretenden disimular una situación adversa si no, acrecentar sus ganancias merced al clientelismo político propio de la época neoliberal que tan caro seguimos pagando. Así es que ahora observamos cómo los “remiseros truchos” son premiados con licencias de auto rural, un nuevo invento para responder a viejos compromisos. Muchas personas que desempeñaban tareas dentro del transporte irregular han recibido de parte de la Dirección Municipal de Transporte y Tránsito este tipo de licencias; según obran trascendidos, mediante el previo pago de la correspondiente prebenda. En el mejor de los casos, esto no representa más que un premio a quien durante años operó al margen de la ley, sin verse obligado a realizar controles, inspecciones ni aportes por su actividad. Pero la realidad nos presenta una situación aún peor: existen “remiseros truchos” que reciben estas licencias y luego las “venden”, comprando con ese dinero otro automóvil que es afectado al “servicio” de remis trucho, encontrándose el mercado con dos nuevas unidades: la que presta tareas con licencia de auto rural y la que se incorpora al transporte ilegal.