En declaraciones a Cazador de Noticias, el dirigente manifestó: “la paralización de las obras comenzó en marzo y abril, cuando algunos vecinos que se sentían incómodos frente a determinados emprendimientos decidieron plantear su inquietud en la Municipalidad”.

“A partir de entonces – manifestó Cánepa – el Intendente Pulti dio respuestas a las quejas elevando algunas ordenanzas que tenían como destino la preservación de la fisonomía de algunos barrios marplatenses, que estaban siendo alterados por las construcciones”.

Y especificó: “una de las disposiciones suspendió por 90 días las demoliciones de inmuebles de más de 30 años de antigüedad en las inmediaciones del centro comercial de la calle Guemes; luego, iniciaron un estudio para aplicar una medida similar en otros 13 sectores de Mar del Plata”.

“En consecuencia – reconoció el dirigente – nosotros comenzamos a reunirnos con los funcionarios para destrabar la situación y poder continuar con los trabajos, aunque admitiendo que era necesario proteger determinadas construcciones y morfologías y también realizar análisis previos para evitar impactos negativos”.

Asimismo, Cánepa subrayó: “lo que quiero dejar en claro es que todo lo que se estaba haciendo estaba respaldado por la normativa vigente”. “La cuestión – explicó después – es que nos estamos manejando con leyes implementadas hace tres décadas y seguimos teniendo el histórico problema de la falta de planificación, que, por supuesto, no le podemos achacar únicamente a esta gestión”.

“Creo que debemos entender que en todo este tiempo la ciudad se ha transformado en distintos aspectos y que, por ende, la carencia de aggiornamiento legal ha hecho que la cosa explotara en diferentes sectores”, ratificó.  

En idéntico sentido, Cánepa dijo: “lo importante es que, luego de varios encuentros, hemos conseguido que el Ejecutivo elaborara un proyecto de ordenanza consensuado por distintas instituciones, como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Martilleros, la Cámara de la Construcción y el Centro de Constructores”.

“La idea – informó – es reestablecer ciertos indicadores o beneficios que estuvieron vigentes antes del 31 de enero para descomprimir la situación y emprolijar varios aspectos que hacen a la cosa”.

Sobre este último punto, Cánepa sostuvo: “hay muchos expedientes de habilitación de obra que quedaron trabados en la comuna. Por eso, se ha creado una comisión de seguimiento que procura una mayor celeridad del asunto”.

“Algo parecido sucedió en Obras Sanitarias con el pedido de factibilidad del agua, un trámite que entorpecía la construcción porque tardaba entre 40 y 60 días en salir”. “Hoy por hoy – señaló – tenemos el compromiso asumido por las autoridades de una demora máxima de 15 días”.

 Por último, en tanto, Cánepa remarcó: “estimamos que el tema no es menor, ya que en la actualidad la actividad emplea de forma directa e indirecta a un total de 120 mil personas”.

Y concluyó: “sabemos que con diálogo y voluntad de entendimiento podemos llegar a buen puerto, más aún sabiendo que ante estas situaciones los inversores se retraen y nuestra tarea futura será recuperar su confianza para salir nuevamente adelante”.