En diálogo con Cazador de Noticias, la ex titular de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante de General Pueyrredon cuestionó la marcha del proceso licitatorio de Playa Grande.

“Lo que ha ocurrido es, al menos, un tanto llamativo”, pronunció Coria. Y explicó: “no olvidemos que, en primer lugar, hubo un gran apuro por llamar a licitación, aún cuando se preveía que esa situación provocaría una controversia que finalmente duró dos años; luego,
el presidente del cuerpo legislativo local tuvo algunas intervenciones extrañas”.

Al respecto, la ex edil mencionó: “cabe recordar que cuando se elevaron los expedientes para adjudicar las ofertas únicas, él propuso que se hiciera un nuevo llamado, aduciendo que algunos empresarios se habían abstenido de participar del proceso por la presunta falta de transparencia”.

“En ese momento – subrayó Coria – su comentario resultó particular, más que nada por la función que él mismo estaba cumpliendo y en virtud de que, tiempo atrás, hubo impugnaciones bastante fuertes e, incluso, cuestionamientos sobre la legalidad de la documentación de una de las empresas”.

Poco después, en tanto, añadió: “lo último que me he enterado sobre Marcelo Artime es que quería presentar un pedido de informes, amparado en los datos publicados por uno de los portales de la ciudad”. “De todas maneras – continuó la militante de la UCR – entiendo que debe tener algún otro elemento para cumplir con ese anuncio”.

Sin embargo, a colación, Coria brindó su parecer sobre un trascendido que gira en torno a la causa: según se comenta, la explotación del Balneario Pueyrredon es pretendida por Salimar y por el Costa Galana, empresa para la cual trabajan las esposas de los concejales Marcelo Artime y Diego Garciarena.

En ese sentido, disparó: “me parece que cualquier legislador que tenga intereses personales o familiares debe abstenerse de opinar y mucho más de hacer un pedido de informes”. “Es más – remarcó Coria – la situación está regulada taxativamente, por lo cual me sorprende que alguien con tantos años en la función pública no tome los recaudos necesarios”.

Y remató: “en definitiva, el problema es que las aguas siguen corriendo turbias y que la licitación tiene todavía un final tan abierto como incierto”.