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"50 años después: Un servicio público al servicio privado"

Por César Ventimiglia

Presidente de Mirada Ciudadana (Asociación Civil)

La revista de noticias sobre Mar del Plata “Planteo”, dirigida por Carlos Bozzi, Jorge Novelli y Carlos Blumetti – a la sazón jóvenes estudiantes de derecho- , tituló “Un servicio público al servicio privado", su nota editorial de octubre de 1972. El tema era el “lock out” patronal de las empresas de transporte público de pasajeros, hoy, transcurridos 50 años, es de una actualidad indiscutible.

Expresaba el editorial “La masa de la población, que necesita un servicio público, y no está para ayudar gratuitamente a ningún sector privado –porque no puede- reaccionó unánimemente en contra, pidiendo el levantamiento de los permisos, la incautación definitiva de las unidades de transporte, el llamado a licitación nacional y, sintetizando, la adopción de medidas drásticas que realmente hubieran hecho al fondo de la cuestión”, agregando… “Formalmente todo se arregló. Pero, si acudimos al problema de fondo, por el contrario, ¡todo sigue igual”

Gobernados entonces por la dictadura de Lanusse y con estado de sitio vigente, era evidente que la demanda popular no sería satisfecha por el gobierno. Registros fotográficos de la época dan cuenta de la masiva movilización frente al palacio municipal.

Es importante destacar la vigencia de algunas de las críticas de entonces sobre el recorrido de los micros, cuando expresaba “La forma en que están tendidas las líneas del transporte marplatense hace pensar en la manera en que los ingleses trazaron las líneas férreas, durante el siglo pasado, persiguiendo su propio beneficio y el de un escaso número de latifundistas y comerciantes de la Capital, sin que variara la estructura económica del interior del país, prácticamente no enterado de la existencia de los ferrocarriles”. Cualquier semejanza entre la traza porteñocéntrica de los ferrocarriles y la casinocéntrica de nuestras líneas de transporte, no es pura coincidencia.

Hace 50 años, en nuestro municipio las empresas de transporte público eran sociedades integradas por los propietarios de los vehículos, también denominados “componentes”, que oficiaban de choferes de los mismos y eventualmente contrataban empleados. Más aun, la empresa que hacía el recorrido por la costa, La Explanada, cuando sufrió serios problemas económicos se transformó en cooperativa de trabajo y todos los choferes pasaron a ser socios de la misma.

Gradualmente la situación se fue modificando, pasamos de pequeños empresarios y cuentapropistas a una actualidad en la que un sólo grupo económico ejerce un control cuasi monopólico sobre el transporte público de pasajeros.

En 50 años, cambió la forma societaria de las empresas, el sistema de aseguramiento de los vehículos y de los trabajadores, se incorporó el sistema de seguimiento satelital (GPS) que permite controlar frecuencia horaria y recorridos, se mejoró la seguridad con el sistema virtual de pago del pasaje. Además, se produjeron huelgas, lockouts, paros anunciados, paros sorpresivos, paros nocturnos. También registra nuestra memoria concejales condenados por cobrar coimas de las empresas de transporte y empresarios procesados por fraude al estado nacional. Sin embargo, las víctimas siguen siendo siempre los destinatarios de este servicio público: los pasajeros.

Hoy la situación debería ser diferente, no estamos en dictadura y funcionan a pleno las instituciones democráticas, con un intendente y 24 concejales que representan la voluntad popular. Pero, ¿es diferente?

Nos hemos acostumbrado a que cada vez que se solicita un aumento en el precio del boleto, los concejales delegan su responsabilidad en el intendente de turno y la vida continúa, esta suerte de resignación ciudadana se parece mucho a la fábula de la rana en el agua tibia… no se producen reacciones y lentamente nos van cocinando con los aumentos del boleto.

¿Qué hay que hacer? Seguramente será necesario escuchar la voz de los usuarios y de los expertos para obtener la mejor respuesta. Lo que está fuera de toda discusión es que es el Estado Municipal, en pleno ejercicio de su potestad, el que debe dar respuesta como titular del servicio urbano de pasajeros.

De lo que estamos seguros es que el usuario merece disfrutar de un servicio público de calidad, con vehículos limpios, que tengan rampas de acceso para discapacitados, que respeten los horarios preestablecidos y cobre tarifas razonables.

Una solución para aportar al debate que sugerimos desde nuestra Asociación Mirada Ciudadana, es la convocatoria a una Audiencia Pública de convocatoria amplia. Para ello, solicitaremos a nuestros concejales que modifiquen la ordenanza 12.336 vigente incorporando las Audiencias Públicas Vinculantes en las que las conclusiones de la misma tengan efecto vinculante para la autoridad. La ordenanza vigente autoriza únicamente Audiencias Públicas Informativas y Consultivas en las que no es obligatorio tener en cuenta la opinión de los participantes, las que terminan siendo una parodia de participación en la que se escuchan voces que no son tenidas en cuenta y generan sensación de frustración en la ciudadanía.

Por su vigencia, hacemos nuestras las palabras escritas en 1972 en la revista PLANTEO: “Sólo cuando el Municipio tenga un estricto control –y lo aplique- de los servicios públicos, cuando a determinadas minorías les resulte imposible manifestarse de maneras correlativas a las que comentamos podrá entonces la ciudad entrar en una senda de progreso que la lleve a un futuro limpio de “manchas” como ésta”.

Finalmente, espero que no transcurran otros 50 años, para que nuestros representantes se hagan cargo de solucionar el tema del transporte público urbano de pasajeros.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.

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