Desde que en los últimos años se incrementaran los atropellos llevados a cabo por los gobiernos de turno de la provincia de Buenos Aires, en contra de sus empleados policiales violando sistemáticamente incluso las garantías establecidas por la misma Constitución Nacional se hizo evidente la necesidad de poner la vista en un derecho que hasta el momento no se había reclamado, pese a que siempre, en mayor o menor medida, la historia del trabajador policial estuvo ligada a los caprichos de los gobernantes, aunque nunca en la proporción ahora encarada.

Es así que un grupo de camaradas actuando con la visión de futuro necesaria encaró la formación del sindicato policial, naciendo nuestra asociación que desde los primeros momentos cumplió con los requisitos establecidos por la Ley de Asociaciones Profesionales para su reconocimiento como entidad gremial de primer grado.

Sin embargo este propósito, que a la luz de esa norma resulta indiscutiblemente válido no ha podido concretarse hasta el momento ya que el gobierno nacional con distintas excusas ha ido denegándolo no solamente en nuestro caso sino también para con todas las entidades de igual carácter, nacidas por parecidos motivos en los diferentes distritos provinciales.

No debemos olvidar que en alguna oportunidad la entonces titular del Ministerio de Trabajo de la Nación (autoridad de aplicación de la ley de Asociaciones Profesionales), llegó a hacer pública mención en una solicitada que el ejercicio de dicho derecho en nuestro país “se encontraba limitado por el Tratado de San José de Costa Rica”, cuando el mismo en ninguno de sus párrafos asegura tal cosa, sino solamente que deja en manos de los estados firmantes el otorgarlo o no, estando a la vista que algunos ya lo han reconocido desde hace mucho tiempo sin que ello haya significado ninguna alteración en la prestación normal del servicio de seguridad, el cual incluso se ha visto beneficiado.

Otra de las excusas también de pública mención ha sido una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, como si pudiera llegar a pensarse que tal organismo pudiera limitar los derechos de cualquier trabajador en cualquier parte del mundo, aunque en sus relaciones con los estados resulte lógica su posición frente a las cuestiones internas de los mismos.

Ahora bien, si pudiera llegar a quedar alguna duda en el gobierno argentino y también en algunos incrédulos que todavía, pasado el primer decenio del siglo XXI, siguen pensando que lo mejor para garantizar la seguridad de las personas es privar a los componentes de la fuerza policial precisamente de sus derechos ciudadanos, es el momento adecuado para poner sobre la mesa el último as que nos restaba mostrar para considerar ganada la partida, aún, por supuesto existiendo la posibilidad de que el mero capricho de los detentores del poder sigan insistiendo en su negación.

¿Qué duda podría caber al respecto si en el informe Nro. 57, publicado con fecha 31 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en sus artículo 91, menciona entre otras cosas que “..La comisión se ha pronunciado sobre las condiciones de trabajo de los y las agentes de policía en la gran mayoría de los países de la región, al verificar que “las condiciones materiales en que trabajan no son buenas y algunos y otros aspectos son deplorables. Igualmente los sueldos son muy bajos”...?

¿Si en su artículo 93 el mismo informe, también entre otras cosas menciona que: “En este sentido, los Estados Miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros respecto a toda la población bajo su jurisdicción en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” , donde puede existir la duda?

Estas verdades insertadas en el documento, además muchas otras que deberían conocer quienes habitualmente hablan de derechos humanos y/o de seguridad ciudadana nos confirman que ya no quedan mas excusas, los esquives que hasta ahora ha realizado el Ejecutivo Nacional, aprovechando la distracción o complicidad de los restantes dos poderes no podrá prolongarse por mucho tiempo, el derecho a la sindicalización innegablemente le corresponde a los trabajadores policiales argentinos.

Pues entonces, ahora mas que nunca, LOS POLICIAS VAMOS POR EL.
ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.