“No sólo (Cablevisión) incumple las resoluciones de la Justicia y del Estado nacional, sino que, además, ofenden a una institución como la Defensoría del Pueblo, al negar la representatividad del organismo en la protección de los intereses de los usuarios”, dijo Bonicatto.

El funcionario aludió, así, a una nota remitida por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Jorge Ferro, al juez federal de La Plata, Adolfo Ziulu, quien atiende la causa de la Defensoría contra Cablevisión.

“A pedido de la empresa, envió un escrito en el que le indica al juez Ziulu que rectifique su postura, en función de que fue inducido a error a partir de los argumentos presentados por la Defensoría”, sostuvo Bonicatto.

El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Ziulu, fue el que resolvió en diciembre del año pasado que Cablevisión debía ajustar su abono básico al monto que indica la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que actualmente es de 138 pesos.

“Un juez no debe prestarse a este tipo de maniobras impulsadas por una empresa, y menos indicarle a un magistrado de otra jurisdicción lo que debe hacer”, dijo Bonicatto, quien también informó que esta acción motivó una presentación de la Defensoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Bonicatto informó que “la estrategia de la empresa para apartar a la Defensoría de la causa no terminó allí, ya que recientemente, un grupo de treinta usuarios de TV por cable se presentó ante la Justicia para cuestionar la legitimidad del Defensor, aduciendo que no se sienten representados por la institución”.

“Curiosamente los argumentos que exponen son los mismos que los de Cablevisión, lo que resulta indignante. No vamos a tolerar que la empresa, amparándose en presuntos usuarios, intente preservar intereses económicos minoritarios, y menos aún que trate de socavar la legitimidad de una institución democrática”, agregó.

Destacó que “estos episodios se suman a las presiones de Cablevisión al propio Defensor”.

Recordó “haber recibido una carta documento de la empresa en marzo pasado donde se lo amenazaba con una demanda penal por daños y perjuicios, y por incumplimientos de los deberes de funcionario público”.

Bonicatto remarcó que la acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo responde al pedido de usuarios de distintas localidades de la Provincia para que el organismo intervenga.

“Tratamos de equilibrar la situación de desigualdad entre el poder de una persona y el poder de las empresas”, manifestó.

Por último aseguró que ”creemos en las instituciones, y vamos a seguir batallando para que los actores institucionales nos ayuden en esta tarea”.