A pesar de que en nuestra ciudad el trabajo en tierra está parado ya prácticamente hace tres años, ahondando el desempleo y a pesar de los problemas alimentarios que atraviesa la Nación, uno de los principales recursos naturales, que es el de la pesca, sigue atrapado en los
intereses de unos pocos empresarios y sigue siendo la moneda de cambio
del Gobierno Nacional con la clara complicidad del gobierno
provincial.

El Gobierno Nacional anunció el permiso a pescar en aguas nacionales a 10 poteros chinos, que se suma a los autorizados por Yauhar en el 2012. Mientras China tramita el ingreso de 10 poteros más, dicha situación tiene que ver más con las políticas de seducción de integrantes del gobierno nacional y empresarios para posicionarse en el mercado chino. De esta forma utilizan como moneda de cambio el recurso pesquero de todos los argentinos, para ellos conseguir
reducciones arancelarias de China para el langostino, esta maniobra escandalosa es de la magnitud de aquella denunciada por Lisandro de la Torre en 1932 con los negociados de la carne.

A esto hay que sumar, que el procesamiento en tierra de la pesca de nuestro caladero, es llevado a procesar a Perú, Marruecos y España para abaratar costos y de esta forma, unos pocos se enriquecen con el patrimonio de todos los argentinos, profundizando la recesión de la
economía marplatense y en detrimento de la soberanía alimentaria de la Argentina.

Es necesario un cambio en el enfoque de esta problemática, no hayposibilidades de solución si la prioridad es la rentabilidad empresarial. El nuevo enfoque deberá priorizar el sostenimiento del empleo, ocupación del Mar Argentino y soberanía alimentaria. Dejar de ver el producto del mar como un commodity como simple mercancía donde unos pocos ganan, a darle la jerarquía de bien estratégico como recurso natural perteneciente al conjunto de los argentinos, a lo que seguimos proponiendo:

- Que la producción de la pesca se la exima del IVA y demás impuestos
como forma de fomentar el consumo interno.

-Eximir de impuestos a todos los servicios afectados a la producción
(electricidad, gas, combustibles, etc.).

-Inscribir a las cooperativas y Pymes en los registros de proveedores
del Estado Provincial y Municipal.

-Que se declare la crisis ocupacional del sector. Dicha medida implica
la actualización del registro de los trabajadores que componen la
industria, la prohibición de despidos, suspensiones y cierres, la
suspensión de cortes de luz y gas y otros servicios públicos a los
afectados por la crisis y que se les otorgue un subsidio acorde a la
canasta familiar hasta que se solucione la continuidad laboral. al e
implementar en los comedores de las escuelas, el consumo de pescado.