El productor ha sido denunciado en innumerables veces por los vecinos del lugar que deben convivir con olores nauseabundos por vísceras y restos de animales que se faenan en un galpón que no cuenta con ningún tipo de habilitación, con animales que de noche se amontonan en corrales precarios que lindan con las viviendas de los vecinos, generando un foco de fuerte contaminación ambiental y la presencias de roedores. Todo esto con la amenaza de la precarización de la salud general.

En la Defensoría del Pueblo se lleva adelante con resultado infructuoso el Expediente nº 3242 iniciado el 25/06/2.008, la pregunta obligada resulta ¿en casi siete años no se pudo hacer nada?

La respuesta es que se ha hecho pero nunca se pudo desalojar los animales de dicho lugar. El usurpador nunca demostró voluntad para retirar aunque fuera en forma parcial parte de los animales. El foco principal de peligro está en los cerdos, criados en condiciones deplorables.

Resulta evidente que esta explotación clandestina ha sido impune y el autoritarismo del productor lo muestra inmune a las distintas inspecciones realizadas y ante los ojos de los vecinos.

Tanto el Departamento de Zoonosis como Inspección General han realizado inspecciones con sus respectivas sanciones y la orden del retiro de los animales. Se obtuvieron resultados temporales y al tiempo todo volvía a este desorden general de una explotación comercial clandestina en un barrio Residencial, R-8.

También han intervenido los Jueces de Faltas con sanciones y con idénticos resultados.

La Defensoría del Pueblo saluda la decisión de realizar este Allanamiento por parte de la Secretaría de Salud, y de realizar este Operativo conjunto que permitió participar activamente.

Se labraron actas donde constan la cantidad de animales arriba mencionados y se decidió dar quince (15) días para el retiro definitivo de todos los animales, caso contrario se llevará adelante otro operativo conjunto que implique el retiro definitivo de este emprendimiento clandestino que va en contra de los intereses generales de la comunidad y de los vecinos de este barrio de nuestra ciudad.

Se preguntan desde la Defensoría:“¿Podremos llevarlo adelante? ¿Terminaremos con tantos años donde ha triunfado lo ilegal? Si lo hacemos nuestra gente, los vecinos no seguirán siendo defraudados y podremos demostrar que nuestro estado municipal aunque tarde es eficiente en la defensa de los intereses generales”.