El Decreto N°176/2021 por el cual el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, dispuso ‘modificar retroactivamente al 1 de enero el módulo horario de 45 a 35 horas semanales correspondiente a la agente Sandra Cavalucci, quien se desempeña como abogada en la Defensoría del Pueblo desde 2004, volvió tensionar la relación entre el Cuerpo Legislativo y los tres defensores.

Los defensores Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón le presentaron una nota interna a Martínez Bordaisco, donde le hicieron le expresaron un “profundo rechazo a la decisión de recortar el módulo horario de trabajo de la agente Cavalucci de 45 a 35 horas”, aduciendo que “esta decisión modifica una resolución que tiene 17 años y significa una extraordinaria reducción salarial de la única abogada que revista”.

Asimismo, apuntandocontra el titular del Deliberativo, descerrajaron que “Cavalucci lleva adelante un gran trabajo, como cada uno de los cuatro trabajadores que nos han quedado luego de que usted decidiera dejar a esta Defensoría con un 33% menos de personal desde hace ya catorce meses”.

Y agregaron que “en medio de la pandemia y cuando nuestra repartición ha tenido que redoblar esfuerzos por la mayor demanda de respuestas de la población, usted ha procedido a recortar presupuesto y personal y como última medida, a recortar ferozmente el módulo horario de la abogada”, agregaron Barragán, Rizzi y Salomón, que concluyeron enmarcando la decisión sobre la empleada en “una larga lista de acciones que entendemos tienen como objetivo perjudicar el funcionamiento de la Defensoría”.

Por otra parte, el pasado 24 de agosto la empleada municipal radicó una denuncia en la Justicia Contencioso Administrativa de Mar del Plata contra la Municipalidad de General Pueyrredon, para que anule el Decreto N°176/2021 de la Presidencia del HCD. También solicitó una medida cautelar más un reclamo por reparación de daños y perjuicios sufridos.

El pasado martes, el juez Simón Isacch resolvió pedir a la Municipalidad un informe y copia digitalizada de las actuaciones administrativas vinculadas con el dictado del decreto 176/2021 de la Presidencia, dándole un plazo de 5 días. El oficio habría ingresado a la Comuna en las últimas horas, profundizando un nuevo conflicto entre la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante.