Prestadores Unidos MDP denunció que el Gobierno nacional continúa incumpliendo la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a haber sido sancionada hace casi un año y promulgada hace más de dos meses. La organización afirmó que la normativa, destinada a reparar un sistema en crisis, fue desoída y transformada en “una nueva forma de ajuste”.

Según Prestadores Unidos MPD en comunicación con Cazador de Noticias, "el incremento arancelario anunciado por el Ejecutivo resulta insuficiente, tardío y ajeno a la gravedad del contexto, ya que no compensa el desfasaje del 70% que la ley ordenaba corregir. En cambio, se dispuso un aumento del 35% que recién se terminaría de percibir entre marzo y abril de 2026, prolongando el deterioro económico del sector".

Asimismo, advierten "que el aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero del próximo año, y que no habrá compensación retroactiva por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que equivale a tres meses de facturación perdida. En consecuencia, las instituciones continúan endeudándose y deben afrontar incrementos salariales, aguinaldos y servicios básicos con aranceles atrasados".

Para Prestadores Unidos MDP, "la falta de cumplimiento de la ley refleja una ausencia de voluntad política para resolver la crisis estructural que afecta a miles de personas con discapacidad y a quienes brindan los servicios esenciales que el Estado debería garantizar".