La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada y promulgada. Es ley. En un país democrático, las leyes no se discuten: se cumplen. Sin embargo, el reciente Decreto 681/25, que detuvo su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos, constituye un retroceso institucional y una vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes garantizan sus apoyos cotidianos.

La ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas. No hay democracia posible cuando lo sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo se frena por conveniencia política o por falta de voluntad presupuestaria.

El Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de más de un año de silencio, se reunió para anunciar aumentos escalonados e insuficientes, que lejos están de representar la verdadera aplicación de la Ley de Emergencia. Esos incrementos, además de contradictorios con la propia norma, recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono. No se trata de una mejora: se trata de una limosna disfrazada de decisión técnica.

Mientras tanto, miles de personas con discapacidad ven interrumpidas o amenazadas sus terapias, el acceso al transporte o a los dispositivos de apoyo. Familias enteras viven con angustia la posibilidad de perder los servicios que garantizan su calidad de vida y su participación plena. No son los prestadores quienes abandonan; es el Estado quien deja de cumplir su obligación constitucional y su compromiso internacional asumido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La emergencia en discapacidad no se resuelve con porcentajes diferidos ni con parches administrativos. Se resuelve con la aplicación efectiva de la ley, con el cumplimiento inmediato de sus artículos y con una mirada integral que respete la dignidad de las personas y la sustentabilidad del sistema. La ley no se reduce a un aumento del nomenclador: abarca la continuidad de los tratamientos, la accesibilidad, la cobertura del transporte y el reconocimiento justo a quienes sostienen las prestaciones.

Argentina no puede permitirse retroceder.

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