La situación por la que atraviesan millones de jubilados y pensionados en Argentina refleja el impacto directo del modelo económico impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. La combinación entre el ajuste presupuestario en las cuentas públicas, la reforma de los esquemas de cobertura del PAMI y el deterioro del poder adquisitivo de los haberes ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema para las personas mayores.

En este contexto, el término gerontocidio es el asesinato, abandono hasta la muerte o el suicidio provocado a los ancianos. Y es institucional, para la sociología, el derecho y la política, cuando el Estado o el sistema económico desprotegen estructuralmente a la vejez. Aunque no se publican cifras oficiales al respecto, hay organizaciones que denuncian decenas de fallecimientos por estas condiciones en los últimos dos años.

Anteriormente, la cobertura total del PAMI en remedios esenciales representó un sostén decisivo para el bolsillo de los adultos mayores. Sin embargo, la reestructuración del vademécum y la restricción del régimen de gratitud redujeron drásticamente la cantidad de fármacos bonificados al 100%. Medicamentos frecuentes para afecciones crónicas como hipertensión, problemas cardíacos o dolencias articulares, pasaron a contar únicamente con descuentos parciales (de entre el 40% y el 80%), trasladando el costo restante al afiliado.

Aunque se mantiene el subsidio social por vía de excepción para quienes destinan un porcentaje alto de sus ingresos a medicamentos, las condiciones patrimoniales e ingresos requeridos (como no superar 1,5 haberes mínimos) excluyen a un amplio segmento de la población.

El ajuste sobre la salud no ocurre de forma aislada, sino en paralelo a la pérdida de poder de compra de las jubilaciones frente a la inflación acumulada. A pesar del otorgamiento de bonos coyunturales, la jubilación mínima resulta insuficiente para cubrir la Canasta Básica del Adulto Mayor, la cual abarca no solo alimentación y servicios básicos, sino también insumos médicos de primera necesidad.

Esta brecha obliga a muchos afiliados a priorizar gastos primarios como comida o luz, interrumpiendo o racionando tratamientos médicos prescriptos por indicación profesional, con las consecuentes complicaciones graves de salud a mediano y largo plazo.

A la problemática del acceso a las farmacias se le suma el ahogamiento financiero sobre la red prestacional del PAMI. Los turnos para médicos especialistas y prácticas de diagnóstico presentan demoras de meses en diversas provincias; tensión en sanatorios y centros de diálisis, la actualización de aranceles por debajo de los costos operativos genera medidas de fuerza, falta de insumos e incluso la suspensión de servicios a afiliados del PAMI por parte de prestadores privados y centros especializados.

El supuesto “déficit cero” actual impacta sobre la salud pública y el sistema previsional. La reducción de la cobertura en prestaciones y farmacología convierte un derecho garantizado por el Estado en un bien de difícil acceso. La política de este gobierno pone el criterio economicista de costo-beneficio por encima de la dignidad y la vida humana.

Argentina era un país pionero en el marco normativo escrito, ya que otorgó rango constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención tipifica explícitamente la negligencia y el maltrato institucional por parte del sector público. Pero Milei vino a “destruir el Estado desde adentro”, y con ello al PAMI, a la ANSES y a todos los beneficiarios de esos organismos.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.