La redacción del correspondiente inciso quedaría de la siguiente manera: “Será obligación de las escuelas de gestión pública como así también las de gestión privada establecer condiciones y propuestas pedagógicas que les asegure, a los niños con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus capacidades, la integración escolar y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Por otra parte, la legisladora añadió que se deberá incorporar en el Articulo 2 que las escuelas de gestión privada contarán a partir de la sanción de la presente ley, de sesenta días corridos para adecuar sus estatutos a lo preceptuado por el artículo primero de la presente.

Al referirse a la iniciativa, García señaló: “En nuestro país desde el marco de la Ley Federal de Educación 26.206 y de las leyes y normativas consonantes con estos principios, se pretende fortalecer el respeto por las diferencias y por la integración, lo cual supone una resignificación del accionar del sistema educativo común y de los distintos ámbitos institucionales sean públicos o privados, en todos sus aspectos: teóricos, pedagógicos, organizativos y administrativos. La Ley Federal de Educación 26.206, es muy clara respecto al carácter inclusivo de la educación y de las modificaciones materiales y simbólicas que las instituciones educativas deben realizar para acoger a todas las personas con discapacidades, temporales o permanentes, asegurando el derecho a la educación de las personas, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo”.

“Queda claro que la educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no sólo de aquellos calificados como con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad, dejando ver que lo normal es que seamos diferentes y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos. La educación inclusiva no sólo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad” remarcó la diputada cobista.

Por último, la legisladora marplatense expresó: “La Ley Provincial de Educación de la Provincia de Buenos Aires (ley 13688) se adecua a la Ley Nacional de Educación mencionada en párrafos precedentes. Esta Ley Provincial señala en su fundamentación. Considerando que este cuerpo normativo debe prever su vigencia por lo menos para la próxima década, y que sus efectos tendrán incidencia en el largo plazo, no puede limitarse a regular el funcionamiento escolar sino que debe dejar abiertas posibilidades de transformaciones estratégicas, enmarcando claramente los alcances y limitaciones filosóficas, político educativas, éticas y culturales de la educación en la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, cobra especial importancia el planeamiento, tanto como instrumento para cada gestión que esté en ejercicio, cuanto para la orientación de políticas educativas hacia el mediano y el largo plazo, que se integren al desarrollo provincial protagonizado por un pueblo conciente de su historia y del compromiso de su futuro con el bien común.”