Entonces, eligió un exilio interno: se refugió en Mar del Plata, sufriendo el lógico desarraigo. Por otro lado, Cassia estuvo durante 10 años bajo el imperio de la ley 20.840 esto es “ a disposición del Poder Ejecutivo”, una de las normas más aplicadas por la dictadura para perseguir a militantes políticos.
Por todo eso, por lo que representa un capítulo negro en su vida, el Estado acaba de indemnizarlo: le van a pagar 1.448, 79 pesos en bonos que le serán acreditados a fin de este año, como consecuencia de la aplicación de la ley 24.043 que contempla estos casos de torturas, cárcel clandestina y persecución durante la dictadura militar.

En su edición del pasado 30 de mayo, Jornada contó la historia de Luis Cassia porque figuraba en la lista de los 28 militantes que habían estado presos en la Base Almirante Zar. La Justicia Federal, a través de una impecable investigación que realizaron el juez Hugo Sastre y el fiscal Fernando Gélvez, pudo comprobar que en la base de Trelew había funcionado durante el proceso militar una cárcel clandestina. Y que allí habían sido llevados sin causa alguna, militantes políticos de distintos partidos.
Una vez allí eran torturados con el fin de obtener de ellos alguna información. Como quedó dicho,

Cassia fue brutalmente golpeado. Así se lo puede ver en las fotos del expediente que Sastre y Gélvez lograron recuperar durante la investigación.

Ni la tortura ni los días de cárcel tienen precio, esto es una verdad. Pero también es una verdad que la irrisoria cifra con que el Estado Nacional quiso rescarcir a Cassia por todos los tormentos por lo que pasó es una vergüenza.

“Yo no digo nada. Cuando llegó la carta y la leí se me escapó una sonrisa. Qué otra cosa podía hacer. Lo bueno de esto es que tal vez también reconozcan lo que sufrieron los otros 26 compañeros que todavía siguen con vida y que fueron llevados a la Base Zar junto conmigo. Es un antecedente que me lo hayan reconocido a mí”, le dijo Cassia a Jornada.

La resolución mediante la cual le pagan a Cassia 1.448, 79 pesos tiene fecha 17 de junio y está firmada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Julio Alak. Y además de asignarle esa suma, la misma le hace saber que debe renunciar a cualquier otra demanda del Estado.
“Lo charlé con mi señora y decidí firmar. Se lo dejaré a mis nietos”, dijo Cassia que nunca formó parte de ninguna organización armada. “Simplemente fui un dirigente gremial y un militante del peronismo de toda mi vida. Ese fue el motivo de las persecuciones. Yo nunca lo entendí bien por qué la dictadura me trató de esa manera. Pero me la aguanté. Después me fui a Mar del Plata donde me refugié por muchos años. Después regresé a Trelew en 1987 para colaborar en el gobierno de Néstor Perl”, recuerda.

Se niega a seguir hablando de la “indominación” que recibió por aquellos días que lógicamente prefiere olvidar. “Ya está, si el Estado nacional considera que tengo que cobrar eso, no tengo por qué protestar”, dice.

A Cassia lo indemnizan por haber estado preso durante siete días en la Base Almirante Zar de Trelew. Entre el 3 y el 9 de mayo de 1977. Y no le hacen lugar al beneficio que establece la ley por la privación ilegal que sufrió en 1978. Tampoco la resolución habla de las golpizas y las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido.