La frustración del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Arslanián, ante su ya indisimulable fracaso en todos los aspectos que hacen a la seguridad ciudadana del territorio a su cargo, parece no tener otro alivio que la recordación mediática de las pasadas “purgas” y la preparación de nuevas medidas de ese tipo, como quién dice, para mantener vivo el interés periodístico o para simular que, por lo menos, algo se está haciendo.

Tal como lo ha venido realizando durante la totalidad de sus dos gestiones, una nueva “purga” en las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires podría resultar inminente pese a que de nada han servido las efectuadas anteriormente para llevar tranquilidad a la sociedad bonaerense.

Sin embargo, la medida ya estaría en preparación pese a que es notable para quien lo quiera ver, que su aplicación resulta violatoria a los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional, aún cuando se amparan en leyes que por la misma razón violan a nuestra Carta Magna; que se incluyen dentro de los supuestamente “hechados”, pases a retiro que son la lógica consecuencia de la finalización de la carrera transcurrido el tiempo correspondiente y que de ninguna manera constituyen un castigo, sino una situación lógica y reglamentada; y que muchos de los declarados “prescindibles”, o fueron reincorporados por orden judicial o se les debieron pagar cuantiosas indemnizaciones por la injusticia de que fueran víctimas.

La cuestión es que ya no existirían tantas cabezas para voltear, como las que en un principio se utilizaron aprovechando los viejos sumarios que la desidia e irresponsabilidad de los organismos del propio ministerio habían dejado dormir sin atender a los términos reglamentarios. Ahora solamente se podría contar con una escasa cantidad de imputados de distintos hechos, dolosos o culposos, que en una institución de tanta magnitud es normal que aparezcan.

Por tal motivo, seguramente los mismos adulones del Ministro habrían sugerido la idea de incorporar en la lista, “para darle mayor volumen e impresionar a la prensa y, por su intermedio, a la ciudadanía”, a todos aquellos funcionarios involucrados en alguna causa judicial o administrativa, cualesquiera fuera la cuestión.

Es así que en los últimos tiempos se ha visto a preocupados camaradas recorrer los pasillos judiciales procurando obtener el precioso certificado de sobreseimiento o prescripción de causas para elevarlos como ofrenda a la divinidad ministerial a la espera de su majestuosa condescendencia.

(La opinión de los columnistas no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General).