Las protestas sociales que han recrudecido ultimamente en nuestro país como consecuencia de constantes reclamos que distintos sectores de la ciudadanía realizan a los distintos niveles del gobierno han alcanzado recientemente, ante la falta de respuesta oficial, la lógica consecuencia del enfrentamiento entre reclamantes y la fuerza policial encargada de garantizar el orden y entre otras cosas, mantener libres las vías de circulación, uno de los derechos básicos emanados de la Constitución Nacional como lo es el de transitar por el territorio nacional.

Clerto está que las distintas actitudes observadas por el Gobierno Nacional y algunos gobiernos provinciales frente al delito de impedir el tránsito por los caminos públicos, dependiendo de quien realice la protesta o qué reclame no hace más que sembrar mayor confusión e incluso asentar la idea de que dicho proceder resulta legítimo.

De allí que las fuerzas policiales ante cada acto de protesta de este tipo se ven envueltas en una situación sumamente difícil por cuanto cumplir con el despeje de las vías de comunicación significa la lógica utilización de la fuerza pública con las graves consecuencias que ello seguramente acarreará, como hemos visto recientemente o mantener una actitud indiferente que la hace responsable de incumplimiento a los deberes de funcionario público ante la tolerancia de un “in fraganti” delito frente a sus propios ojos.

Aún cuando desde la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires lo hemos repetido hasta el cansancio, creemos de utilidad recordar aquel precepto del Concejo Europeo de Sindicatos de Policía establecido en el congreso de Lisboa del año 1990, y que afirma: “Los gobiernos no deben utilizar las fuerzas policiales para la solución de los conflictos sociales, sino arbitrar las medidas necesarias para solucionar esos conflictos”.

Miguel Angel Reynoso, APROPOBA (Gremio Policial)

(La opinión de los columnistas no siempre refleja el pensamiento de la Dirección General).