Así se titula un comunicado, con la firma de Francisco Manes (Movimiento Evita), Estela Casola (Encuentro Nacional y Popular), Máximo Mazzuchi (CREAR) y Alejandra Urdampilleta (Encuentro y Participación), de sectores del kirchnerismo local, en el que expresan sus críticas a la gestión municipal.

“El transporte público, que constituye el 15% del gasto de una familia trabajadora, ha recibido autorizaciones de incrementos por mayores costos, por aumentos de salarios, por cambios de sistema o por el precio del combustible cercanos al 85%, superior al incremento por inflación y, obviamente, al crecimiento de los salarios. Ha desaparecido también la gratuidad del boleto estudiantil y del boleto docente que se amenaza permanentemente con eliminar. Recientemente mediante ordenanza enviada por el intendente Katz, el Concejo Deliberante ha transferido 7 millones de pesos de una deuda que debía ingresar a las arcas públicas a los empresarios del transporte. Obligación ya reconocida en dos oportunidades –para poder presentarse a la licitación- y nunca abonada so pretexto ridículo de poner en riesgo la futura normalización del servicio. Sólo cuatro concejales votaron en contra del proyecto, del Frente para la Victoria , únicamente Viviana Roca”.

Y se remarca que “observamos con preocupación que en medio de una inminente contienda electoral muchas voces se dicen alineadas con un presidente que ha realizado cambios esenciales en la relación de los representados con sus representantes obteniendo así un inusitado respaldo popular. No habría más que alegría si nos convenciéramos de que es una comunión hacia el proyecto lo que suma opiniones barriendo cualquier otra circunstancial diferencia. Preocupa sí la utilización de la popularidad del presidente como basamento de proyectos que resultan, inclusive, antagónicos”.

A reglón seguido se afirma que “el gobierno nacional ha ganado su legitimidad a partir de definir el rol articulador del estado entre grupos de interés definiendo como prioritarios los de un pueblo, otrora castigado por relaciones que beneficiaron siempre a las corporaciones, constituyendo una afrenta hacia los sectores más débiles de la sociedad. La actividad empresaria o comercial lícita no es materia de discusión pública excepto cuando ella se opone a los intereses de la ciudadanía. El estado municipal no está ajeno de esta discusión: aumento de tasas para que quienes cumplen esforzadamente sus obligaciones subvencionan la ineficiencia del ejecutivo en cobrarle a quienes no lo hacen”.

Y finalizan diciendo:“Los ciudadanos no necesitan que nadie les cuente la calidad de un servicio cada vez más deficiente y oneroso. El usuario recibe oportunamente falsas promesas de mayores frecuencias, nuevas unidades y una mejor prestación como justificación de cada nuevo aumento. De la misma manera el sistema de recolección y tratamiento de residuos, los servicios de salud, los educativos, de agua, cloacales y pluviales, iluminación y conservación o construcción de pavimentos, por ejemplo. Sentirse parte del proyecto del gobierno nacional no debe limitarse a una cuestión discursiva o a un posicionamiento tendiente a obtener o retener poder público, sino una carga a la cual honrar con trabajo y creatividad para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Las organizaciones políticas kirchneristas pretenden, mediante propuestas serias, coherentes y solidarias , bregar por la construcción de una ciudad mejor donde la palabra recupere su valor y la política su acción transformadora” .