“Cualquier modificación en los términos contractuales deben anticiparse con 60 días y después le debe dar la posibilidad al consumidor que dé de baja el servicio”, dijo el funcionario y rechazó los argumentos de las empresas, las cuales aducían que al ser un contrato prepago no hay un acuerdo marco que las encuadre.

“Es una barbaridad porque con ese criterio podríamos elegir la empresa prestadora en cualquier momento y así poder comprar una tarjeta de la marca A, luego una de la B y después una de la empresa C”, expresó el Director General en declaraciones a FM Residencias.

Álvarez Larrondo reconoció que en su dependencia se están tramitando un par de expedientes por esta cuestión. “Hemos imputado por modificaciones en el caso del precio, no ahora sino tiempo atrás, justamente en el entendimiento de que esa defensa no es esgrimible por parte de la empresa y que por lo tanto, en realidad tendría que haber cumplido por lo menos con la resolución 9 del 2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica que dice que en materia de telefonía celular cualquier modificación a los términos contractuales debe anticiparse con 60 días”.

El funcionario pidió que los consumidores “denuncien” también los casos de carga virtual, que antes aceptaba un mínimo de 5 pesos y ahora ese mínimo es de 10 pesos. “Hay que denunciarlo y pedir la compensación como de hecho se están dando aquí las compensaciones es decir, si uno plantea un reclamo de este tipo, por lo general la empresa da como compensación las tarjetas extra, el tema es que no solucionamos el problema”.

Por último el Director General de la OMIC anticipó que está en estudio una reforma de la Ley de defensa del consumidor para establecer una suba en las multas. “El máximo son 500 mil pesos y estas empresas facturan millones de dólares por día, con lo cual las multas que se establecen para estos casos no les hacen sino cosquillas”.