Vale recordar que la misma, en fiel cumplimiento del art. 14 bis de la Constitucion Argentina, garantiza jubilaciones y pensiones moviles y la aplicacion del 88 por ciento que establecio la Suprema Corte de Justicia para todos, sin discriminacion de sectores.

A traves de un comunicado, Hugo de la Sota, de la Asociacion “Mayores Olvidados”, expreso: “Siempre hemos visto que los trabajadores, cuando quieren aumento de sueldos o tienen algun conflicto, salen a protestar a la calle y son acompañados por los dirigentes gremiales de la CGT o la CTA”.

Y continuo preguntandose: “¿por que no hacen lo mismo cuando los que sufren son los jubilados? ¿Se olvidan de que alguna vez ellos fueron sus compañeros de trabajo? ¿Por que los sindicalistas no proponen paros generales si no se aplica la movilidad en las jubilaciones? ¿Por que los argentinos no se hacen oir cuando se esta matando de a poco a sus padres, abuelos o amigos?”.

En tanto, mas adelante, pidio “que Moyano y compañia comiencen a defendernos como corresponde; nosotros fuimos trabajadores y muchos aun lo seguimos siendo, pues tenemos que seguir haciendo changas para no morirnos de hambre”.

“Despierten - agrego - Alguna vez ustedes tambien seran trapos de piso. Sean solidarios con nosotros ahora, por su propio futuro”.

Por ultimo, remarco: “les solicitamos que nos acompañen de cualquier manera, ya que su sacrificio no sera en vano”. “Tenemos que hacernos escuchar para ponerle un punto final a las dadivas y a las mentiras” finalizo.

Cabe destacar que Tercera Primavera, de Mar del Plata, se une a este reclamo para que su tratamiento se ubique en el centro de la discusion social.

Presentación judicial del Defensor del Pueblo de la Nacion

Eduardo Mondino, realizó una presentación judicial para que se establezca la movilidad de los haberes a más de un millón de jubilados y pensionados.

El escrito presentado ante la Cámara de Seguridad Social tiene por objetivo “marcar una movilidad, basándose en el caso Badaro”, según explicó el Defensor, y agregó que se trata de una “acción colectiva innovadora, ya que se demanda al Estado por omisión”.

La medida beneficiaría a los jubilados y pensionados que perciben un haber que, con posterioridad al mes de enero de 2002, no hubieran tenido un juste equivalente al aumento del índice de salarios nivel general elaborado por el INDEC, tal como ocurrió en el caso Badaro.

La acción tiene por objetivo “el cese inmediato de la omisión en que incurre el Estado al no aplicar a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional y ratificada por la Corte Suprema”.

En la presentación judicial -de carácter colectivo-, Mondino plantea que no se opone a los incrementos en los haberes jubilatorios dispuestos por el Gobierno nacional, pero destaca que esos aumentos no pueden ser considerados equivalentes a la movilidad que respecto a los haberes que ha fijado la Corte Suprema, en el caso Badaro.