La Superintendencia de Riesgo de Trabajo ha formulado en abril un dictamen acusatorio imputando a Provincia ART S.A., con relación al empleador Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires el incumplimiento de determinadas obligaciones vinculadas a la seguridad e higiene del edificio sito en la calle Alte Brown 2241/51 de Mar del Plata, donde funcionan los Juzgado Civiles y Comerciales Nº 2, 4, 5, 8 y 9 y la Oficina de Sanidad, entre otras depedencias pertenecientes al Departamento Judicial de Mar del Plata.

Dicho dictamen sostiene que la aseguradora en cuestión no ha asesorado ni brindado asistencia técnica a su afiliado en la determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores, en la selección de elementos de protección personal ni en el suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos, violando así los incisos a), b), c) y d) del art. 18 del Decreto 170/96.

Además, agrega que no habría brindado capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos.

Ante esta realidad y la inminente puesta en funcionamiento del fuero penal juvenil en nuestra ciudad, la Asociación Judicial Bonaerense informó que no va a avalar que “la integridad psico-física de los trabajadores judiciales siga siendo la variable de ajuste de la improvisación de nuestro empleador en la adopción de medida de insfraestructuras inherentes a la puesta en funcionamiento de este fuero.

Asimismo, exhorta a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Ejecutivo Provincial ”a que destinen las partidas presupuestarias necesarias a esos efectos“.

Vale destacar que esa dependencia requerirá de un edificio que albergue a dos juzgados de Garantías, dos tribunales penales, dos fiscalías, dos defensorías de menores, una asesoría de menores e incapaces, una alcaidía y una oficina destinada al cuerpo pericial, y que aglutinará a unas 160 personas aproximadamente, entre magistrados, trabajadores y público en general.