El proyecto sostiene“Es menester recordar que es responsabilidad del Estado desarrollar diferentes acciones de promoción del desarrollo social, control, bienestar y seguridad ciudadanas.

Considerando que la escuela es un espacio de concentración de niños y jóvenes, que parte de su vida institucional se regula bajo el modelo normativo (curricular), debería entonces, constituirse en un ámbito de prevención; ser generadora de actitudes sociales saludables y dinamizadora de las relaciones que se establecen entre la familia y la comunidad en general. Es por eso, que se hará hincapié en el rol de la escuela como difusora de valores hacia la comunidad, llegando así a la célula fundamental que es la familia o el núcleo familiar de los alumnos.

Los programas de asistencia alimentaria suelen caracterizarse por la entrega de alimentos a los sectores más desprotegidos, como una forma indirecta de subsidio familiar. Esta transferencia de recursos es importante para amortiguar el impacto inmediato de la pobreza, pero está muy lejos de constituir una intervención nutricional eficaz y a largo plazo, si no se acompañan de programas de educación destinados a mejorar las condiciones de salud, de nutrición, del medio ambiente, etc., en un contexto de desarrollo socioeconómico que tenga por finalidad mejorar la calidad de vida de la población.

Será importante determinar si los problemas alimentarios que se detectan son por causas coyunturales o estructurales y emprender acciones reparadoras consecuentes.

Con todo esto se quiere significar que no basta con la inserción de educación en alimentación en el currículo escolar; esta acción es preponderante pero insuficiente. Es necesario generar acciones de impacto directo en los responsables de la gestión de los alimentos en el hogar: madres, padres, abuelos, tíos u otros adultos responsables.”.