A pesar de exceptuar del nuevo impuesto a la pesca y algunas mercaderías como la arena y la piedra, entre otros productos primarios, ese punto de la norma generó polémica no sólo con los legisladores de la oposición sino también con algunos del oficialismo.

Durante la votación en el Senado, la oposición rechazó la norma en general y aunque el oficialismo consiguió sancionarla, tres senadores oriundos de localidades que tienen puertos votaron diferenciados de sus pares el artículo que crea este nuevo impuesto.

El senador por Necochea Javier Mazza a pesar de apoyar la reforma en general, se abstuvo de votar el impuesto a los puertos, mientras que los de Bahía Blanca, Elsa Strizzi y Santiago Nardelli, votaron en contra de ese artículo.

En ese punto, el Senado aprobó además un proyecto de declaración en el que solicita al Poder Ejecutivo la conformación de una comisión para hacer un seguimiento de la reforma “fundamentalmente en los puertos”, según explicó a Télam el senador Federico Scarabino.

“Algunos senadores recibimos a representantes de ese sector que mostraron su preocupación por la posible falta de competitividad en los puertos que podría generar este impuesto. Creo que esas discusiones deben darse en el ámbito del Poder Ejecutivo”, graficó.

La norma fija también un impuesto a la herencia que deberán pagar “las personas físicas y jurídicas que resulten beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes”, aunque especifica que estarán exentos del gravamen “cuando el valor de los bienes no superen los 3 millones de pesos”.

Los ingresos que se recauden por este concepto se destinarán en forma mayoritaria -80 por ciento- al Fondo Provincial de Educación, mientras que la parte restante -20 por ciento- irá a los municipios.

Además, prevé un aumento del impuesto inmobiliario urbano del orden del 20 por ciento para los inmuebles cuya valuación fiscal se encuentre entre los 100 mil y 200 mil pesos, ajuste que en base a los números que maneja en ARBA alcanzará a unos 800 mil contribuyentes.

La reforma introduce modificaciones también en las valuaciones de los campos ya que aplicará para tomar el valor fiscal el revalúo realizado en el 2005 por lo que en el 2010 habrá aumentos del orden del 30 por ciento en ese impuesto.

Sin embargo, la ley dejó exento de pagar el impuesto a una docena de distritos del sudeste afectados por la sequía y que se encuentran en emergencia nacional, lo que significa que 7 millones de hectáreas no pagarán el tributo.