“Las Empresas recurrirán a la Justicia para hacer valer sus derechos, que inexcusablemente se ven afectados ante esta decisión que desoye el dictamen del Procurador de la Municipalidad, acerca de no avanzar sobre lo estipulado en el contrato oneroso que vincula a ambas partes”, subrayó el abogado.

“De esta manera, a pesar de las reiteradas razones esgrimidas por las empresas prestatarias, en el sentido de no generarles más zozobras económico financieras que terminarán afectando el cumplimento contractual que las vincula al Municipio, las compañías de transporte de pasajeros se ven compelidas a recurrir a los Estrados Judiciales para exigir el cabal cumplimiento de los contratos y sin alteraciones de ninguna indole”, puntualizó Abal.

“Es de esperar que el poder político arbitre las medidas que le otorga la Constitución y vete una ordenanza, a todas luces imprudente, que lo pone en el ojo de la tormenta”.

“A dos años vista de regularizado el sistema de transporte, es el poder concedente a través del H.C.D.,  el que intenta desestabilizar la relación, empujando al conflicto”, disparó por último el letrado.