En diálogo con Cazador de Noticias, minutos después de haberse enterado de la noticia, Cuesta recalcó: “esperemos que a partir de esta situación la sociedad analice cómo se han dado las cosas y el papel que ha jugado cada uno de nosotros”.

“Nosotros – continuó - hemos visto mucha impunidad en todo esto; esta obra social no se intervino porque el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud hayan tomado la determinación pese a que hay denuncias en cantidad desde hace años, sino que fue por pedido de la Justicia a través del juez Oyarbide, que obligó a que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto”.

Asimismo, el gremialista puntualizó: “sabido es además que nunca pudimos acceder a los padrones a nivel nacional y que el Ministerio de Trabajo jamás intervino para resolver la cuestión”.

“Por eso – aclaró – tuvimos que esperar que actuara la justicia laboral para poder hacerlo”.

A renglón seguido, Cuesta dijo que la responsabilidad por esta grave problemática no sólo le compete a este Gobierno, sino a cada una de las gestiones de turno.

Por último, indicó: “la semana pasada estuvo reunido con el interventor de la obra social, Pedro Ferrara, quien me comentó que en el pasivo acumulado, que estuvo siempre escondido y que representa unos 400 millones de pesos, el mayor acreedor es precisamente Néstor Lorenzo, casualmente el titular de una droguería implicada”.