El total de reos en Inglaterra y Gales ha llegado a su máximo alcanzado hasta ahora: 86.654, según datos del Ministerio de Justicia, que indicó que su “capacidad operacional” es de 88.093. Es decir, aún quedan unos 1.200 huecos en cárceles inglesas, y otros 200 en centros de inmigración.

Los encarcelamientos crecieron a razón de más de 100 presos por día en la última semana. Como apuntó el corresponsal de la BBC Dominic Casciani, experto en asuntos nacionales británicos, es seis veces la cifra habitual de nuevos presos en agosto, un mes que ese número suele disminuir porque hay menos audiencias judiciales.

La Asociación de Directores de Prisión del Reino Unido advirtió que las penitenciarías podrían quedarse sin plazas si continúan llenándose a este ritmo, aunque aclaró que por el momento no hay riesgo de una crisis inmediata por superpoblación.

“Estamos afrontando una situación sin precedentes” dijo uno de los portavoces del Servicio Penitenciario aunque apuntó que “por ahora tenemos suficientes plazas para los que son sentenciados a prisión por desorden público”.

Este departamento informó que está llevando a cabo planes de contingencia para hacer frente al aumento de presos ya que esperan que la cifra siga aumentando.

Mano dura

Pero la cuestión de fondo que surge en esta situación es la que plantea el presidente de la Asociación de Directores de Prisión, Eoin McLennan-Murray: “Lo que es preocupante es si la manera de dictar sentencia ha cambiado”.

“Si las cortes siguen empleando mano dura e imponen más penas de prisión que antes, eso generará un problema a largo plazo”, añadió.

El pasado miércoles, por ejemplo, dos hombres recibieron una sentencia de cuatro años de cárcel por el uso de redes sociales para incitar a un motín al que nadie asistió, un delito similar en otra circunstancia no conllevaría una privación de la libertad.

El primer ministro británico, David Cameron, alabó la decisión de los tribunales por el envío de lo que él llamó un duro mensaje.

En varias ocasiones, Cameron ha dicho que “el gobierno está determinado a hacer justicia” y que habrá “tolerancia cero” con los participantes en los disturbios, que comenzaron el pasado 6 de agosto y tras varios días de saqueos y enfrentamientos dejaron al menos cinco muertos.

Mensaje político

El vicedirector de la Asociación de Colegios de Abogados de Reino Unido, Max Hill, aseguró que no es la función de los jueces “dar un mensaje político en nombre del gobierno” cuando dictan sentencia.

Sin embargo -añadió- parte de su labor es identificar “agravantes serios que elevan el nivel del crimen por encima de lo habitual”.

El director de campañas de la Liga Howard para la Reforma Penal, Andrew Neilson, aseguró que el deseo de enviar un mensaje a la sociedad está llevando a “algunas muy malas sentencias que serán revocadas en apelaciones”.

Precisamente, la primera apelación en un caso relativo a la violencia en Inglaterra ha dado lugar a la revocación de la pena. Un juez de Manchester modificó la condena de cinco meses de cárcel impuesta a Ursula Nevin por otra de 75 horas de trabajo a la comunidad.

La mujer, de 24 años y madre de dos niños, admitió haber recibido unos pantalones cortos que otra persona robó durante el saqueo a una tienda de Manchester.

Sólo en Londres, más de 1.800 personas fueron detenidas por los disturbios, de las cuales 1.032 han sido imputadas.

Decisiones “cuestionables”

El diario británico The Guardian analizó las cifras y aseguró que de cada 80 acusados, 56 reciben penas, es decir, el 70%, frente al habitual 2%. El periódico añade que las sentencias son de media el 25% más largas de lo normal.

El presidente de la Liga Howard para la Reforma Penal, el liberal demócrata Lord Carlile, dijo que algunas de las decisiones son “cuestionables”.

Desde la Asociación de Magistrados de Reino Unido aseguran que “el Consejo de Sentencias (un organismo judicial independiente) aporta las pautas para dictar condenas que nos permiten identificar factores que agravan los casos como la acción en grupo, el daño a las víctimas o el daño a la propiedad”.

Apuntan además que “en estos tiempos difíciles, los magistrados actuamos con base en la ley y seguimos los procedimientos y pautas como hacemos día a día en nuestros tribunales”.
Independencia

También desde el Ministerio de Justicia aseveran: “los magistrados y jueces son independientes del gobierno. Sus decisiones se basan en las circunstancias de cada caso y cada criminal”.

Como explicó el autor de “La práctica de sentenciar en la actualidad”, David Thomas, en un articulo publicado por el diario The Independent, “los jueces han dictado sentencia en el marco establecido por el Parlamento en la legislación”.

Indica que no se puede esperar las mismas penas para acciones cometidas de forma individual que en grupo. Y señala que en casos de desorden público “no hay lugar para distinciones entre delincuentes en base a sus distintos orígenes sociales”.