“En primer término,  a poco rato de la hora en que fuera convocada la sesión, se retiraron del lugar de trabajo aduciendo falsas circunstancias y hechos. No hubo ni una sola persona de los militantes que se manifestaban que hubiera tenido algún tipo de inconveniente para hacerlo.

Mucho menos que hayan sufrido situaciones de autoritarismo o arbitrariedad, como se pretendió decir para justificar la retirada”, dijo.

“En verdad –continuó-,  toda la militancia que se quiso expresar pudo hacerlo en la calle, en la barra e incluso, en la mesa central del concejo. Sólo algunos grupos minoritarios de exaltados agredieron a  empleados y concejales  y destrozaron instalaciones. De hecho, el fiscal Lodola ha iniciado una causa penal para investigar a los responsables de las agresiones que terminaron con dos agentes heridos. No hay registro formal ni informal de ningún otro tipo de violencia ejercida  en el sentido contrario”.

En ese sentido, Monti manifestó que “todo lo que aquí afirmamos   ocurrió delante de reporteros de los medios de difusión de la ciudad. Los noticieros televisivos y radiales tanto como los diarios y los portales pudieron registrar las cosas como fueron”.

“En cuanto al trámite legislativo, el procedimiento seguido se desarrolló dentro del orden transparente y la legitimidad que requieren los actos públicos. Tuvo tratamiento en las comisiones con difusión a través de la prensa. Desde el mes de noviembre se conocía el reclamo por el cambio tarifario y, a lo largo de los últimos días, se difundieron los debates en comisiones del Concejo Deliberante. Setenta y dos horas antes, el día martes, se convocó a sesión pública. No se  actuó por sorpresa ni se evitó el conocimiento público de lo que se iba a tratar.  Todos los actores sociales y políticos tuvieron el tiempo y la oportunidad de dejar constancia de su parecer”, señaló.

En la misma línea, afirmó que “de acuerdo a las imágenes publicadas en los noticieros así como los mensajes en las redes sociales, estamos en condiciones de acreditar la actitud  antidemocrática de algunos concejales radicales que  boicotearon y obstruyeron la sesión del día viernes por más de doce horas. Y la de colaboradores de concejales de ese bloque que estuvieron al lado de los violentos, “asesorándolos”, prestándoles apoyo y asistencia a la vista de todo el mundo”.

“También ahora pretenden insinuar que se deliberó en un horario inoportuno. Si no tuvieran la intencionalidad de confundir, podríamos decir que se trata de una paradoja: impido que sesionen durante todo el día, retaceo la presencia abandonando el recinto y después acuso porque sesionan tarde. Pero se trata de un acto de mala fe que debemos dejar en claro”, indicó.

“El radicalismo quiso hacer caer la sesión valiéndose para ello de cualquier tipo de recursos. No les importó que se tratara allí el presupuesto de Salud, Educación,  Cultura y obras públicas para todo el año de Mar del Plata. No les interesaron las consecuencias que eso pudiera haber traído. Solamente les importaba provocar un hecho negativo para sacar su triste tajada política”, expresó.

Luego, el titular del bloque de Acción Marplatense explicó: “Nuestro proyecto político ha atravesado las más diversas circunstancias que puede ofrecer la democracia. Hemos tenido uno, dos, cuatro, siete o trece concejales. Siempre  hemos honrado la representación  legislativa brindando argumentos en el lugar y en el ámbito que corresponde. Hemos tratado de persuadir con la palabra y, cuando nuestros argumentos no lograron convencer a la mayoría, perdimos con dignidad muchas votaciones en el recinto. Nunca coartamos el funcionamiento de la institución deliberativa. El camino elegido por los oportunistas del escándalo es evidentemente otro”.

“Ojala tengan ahora la madurez necesaria para hacer una autocrítica ante opciones muy claras: honrar la democracia, fundamentar en disidencia, controlar al gobierno o boicotear, junto a los violentos, las sesiones del concejo”, concluyó.

Propondrán un sistema de control y veeduría

Monti, además, adelantó que “vamos proponer un sistema de control social y veeduría para que los propios vecinos y periodistas puedan tener un acceso directo de control sobre el cumplimiento de los procedimientos. Creemos que es una forma concreta de terminar para siempre con estas falsificaciones intencionadas y antidemocráticas”.