En declaraciones a Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico expresó: “en los últimos 18 meses se registraron 14 muertes en casos de represión”. “Y lo que nos preocupa más allá de esta estadística terrible – remarcó – es que esta práctica está tercerizada”.

“Estos métodos dejaron de ser casuales, ya que las patotas actúan y, ni la policía ni el poder político, defienden, ante estos grupos, a aquellos que representan a una institución o encarnan un reclamo”, explicó.

Asimismo, Mazzitelli indicó: “otra de las ideas que instalan es la de la provincialización de la represión; es decir, el oficialismo asegura que esta metodología se da sólo en las provincias y que, por ende, nada tiene que ver con el Gobierno nacional”. “Sin embargo – destacó luego – la realidad marca que hay un aval, al cual se le suman las tareas de inteligencia que realiza Gendarmería pese a que están prohibidas por la ley de seguridad interior”.

Por otra parte, el político que adhiere a Proyecto Sur repasó: “la ley antiterrorista es una normativa que el oficialismo incorporó en diciembre de 2011 entre un conjunto muy grande de leyes que fueron aprobadas en las sesiones extraordinarias”.

“Quizás hayan creído que, en virtud de esa situación, el texto iba a pasar inadvertido”, consideró Mazzitelli.

Y agregó: “el tema es que, a pesar de que no hay tiempo de procesar las leyes cuando vienen todas juntas, ésta alude a una cuestión muy sensible para la sociedad…”

Más adelante, al respecto, el dirigente dijo: “lo primero que se me ocurrió preguntar cuando me enteré de su sanción es si alguien conocía a algún grupo terrorista que actuara en nuestro país… o si alguien sabía de la existencia de algún grupo internacional que hubiera hecho alguna amenaza a la Argentina, pues, si la respuesta era no, resultaba totalmente inexplicable que se aprobara una ley antiterrorista”.

“Entonces – recordó Mazzitelli - el Gobierno justificó su decisión en una imposición de un organismo llamado GAFI, que en particular responde al grupo de los siete y que había puesto esa condición para que la Argentina permaneciera en el G20”. “Para nosotros la excusa no fue buena”, señaló.

Por último, consultado por los alcances de la normativa, Mazzitelli describió: “la ley de antiterrorismo busca, básicamente, duplicar las penas por una cantidad de hechos que tienen una connotación de terrorismo en una formula muy vaga, muy poco específica y muy ajena al derecho penal, que sí tipifica con mucha claridad”.

“Bajo este manto – continuó el dirigente - estarían todos aquellos grupos que, organizados, tienden a hacerle cambiar la posición política al Gobierno sobre algún aspecto determinado”.

“Por eso decimos que, a partir de ahora, cualquiera que reclame algo puede ser catalogado como terrorista y, en consecuencia, no sólo procesado sino también sometido a cárcel efectiva”, completó.

Y remató: “de todas maneras, a nuestro entender, lo que estamos viviendo es una escalada de represión sobre los luchadores sociales”.