En una entrevista concedida a Cazador de Noticias, el edil- que este lunes se fue del Bloque Atlántico- comentó: “una de las iniciativas que he ingresado tiene que ver con el protocolo, es decir, con el tratamiento que se le dará a las imágenes tomadas por las cámaras”.

Y explicó: “la duda surge porque, una vez que estén en funcionamiento, podrán ser utilizadas para perseguir a alguien políticamente, gremialmente, religiosamente, etc, etc, y difundidas por los medios sin ningún reparo”.

“La idea – remarcó – es que apunten exclusivamente a cuestiones vinculadas con la delincuencia, las emergencias y el control de tránsito, por lo cual debemos garantizar la confidencialidad para impedir que invadan la intimidad de los ciudadanos”.

Asimismo, Alcolea informó que propuso la creación de un tribunal para el control de esta herramienta. “Se me ocurrió que allí podrían estar representados los tres poderes: el Concejo Deliberante, a través de la Defensoría del Pueblo; el Poder Ejecutivo, con algún funcionario elegido a tal fin, y la Justicia, con un juez de falta de turno”, detalló.

Poco después, en tanto, aseveró: “el otro proyecto de ordenanza que he presentado se refiere a la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad en determinados establecimientos, como bancos, casas de cambio, supermercados, bailantas, entre otros; y también alude a voluntariedad que, por caso, apunta a una sociedad de fomento que quiere monitorear una plaza o una esquina determinada”.

Por último, en tanto, el legislador local reconoció que no ha analizado con profundidad si las ventanas del centro de monitoreo deben o no estar abiertas (las imágenes se ven desde la vereda). “La verdad – admitió – no reparé con profundidad en ese asunto y todavía tengo mis dudas como para esgrimir un concepto sustancioso”.