En declaraciones a Cazador de Noticias, el profesional comentó que la entidad en cuestión está integrada por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Sociedad Rural Argentina, el Centro de Acopiadores Zona Quequén, la Asociación Argentina de Consorcios Regional de Experimentación Agrícola (CREA) Regional, la Sociedad Rural Mar del Plata, el Círculo de Ingenieros, Viveristas, la Asociación de Productores de Papa, Contratistas y Aplicadores y CONINAGRO.

Luego, relató: “todo comenzó cuando la responsable de Bios, Silvana Buján, presentó un proyecto ante el intendente Daniel Katz y éste se lo dejó a su sucesor, Gustavo Pulti; posteriormente, la gestión encabezada por el fundador de Acción Marplatense fue intimada a darle impulso a la iniciativa a raíz de una orden judicial promovida por su impulsora”.

Al respecto, Larrosa amplió: “en ese entonces, el titular de Asuntos Agropecuarios, Jorge Gambale, nos convocó para que entregáramos recomendaciones, tras lo cual nos reunimos, trabajamos y elaboramos un documento junto con la Facultad y el INTA”.

“Sin embargo – se quejó a continuación – cuando llegó el momento de darle curso a la ordenanza no se nos volvió a consultar, pese a que siempre nos reconocimos dispuestos a explicar el por qué no y por qué si de cada uno de los ítems”.Poco después, en tanto, el representante de C.E.A. GP afirmó: “de ese modo, la ordenanza arrancó muy mal, con mucho de habladuría y poco de ciencia, simplemente porque los concejales no tuvieron en cuenta para nada a la gente que sabe del tema”.

Consultado por su relación con los ambientalistas, Larrosa respondió: “sinceramente los respeto muchísimo, pero me gustaría que entiendan que los que trabajamos en el campo respetamos el ambiente por una cuestión de supervivencia… o, como dirían ellos, para sostener el negocio”.
“Por ende, no deberían contraponer la salud con la producción”, resaltó.Luego, en orden a la suspensión de 150 días, aclaró: “la medida, que fijo límites para la aplicación y que ordenó la creación de una comisión de monitoreo capaz de fiscalizar el cumplimiento de la ley, concluirá en abril, pero a la fecha no dio los réditos esperados”.
 
“Lo único que sabemos es que Mariano Pérez Rojas envió una nota al Ejecutivo para que forme ese comité”, especificó.Y continuó: “lo concreto es que los productores y los quinteros están muy enojados, mientras que los funcionarios tratan de organizarse de alguna manera y los legisladores dan poca bolilla al asunto”.

“En consecuencia – adelantó – antes de que se venza el plazo estipulado volveremos a protestar donde sea necesario”.Por último, Larrosa dijo: “en primer lugar, hay que tener en cuenta que la ciudad invadió el campo, situación que se dio porque no existe planificación de desarrollo ni de territorialidad”.

“Así – resumió el ingeniero agrónomo – la gente lotea donde se le ocurre, levanta un barrio y, por razones de matemática pura, una casa en el medio de una zona rural inutiliza 314 hectáreas a su alrededor”.Luego, remató: “más allá de eso, se tiene que dar a conocer que la fumigación es terrestre porque hace prácticamente cinco años que ya no se utilizan aviones para ese fin en el ámbito de General Pueyrredon; además, con los métodos de aplicación modernos, los riesgos son casi nulos y, si se respetan las especificaciones, no producen daños a la población”.