Así, narró: “La institución policial de la provincia de Buenos Aires se encontró de buenas a primeras en un abrupto retroceso en lo que hace no sólo a su calidad operativa para enfrentar al delito, sino también a la capacitación profesional de su personal, organización y desarrollo institucional”.

“Lo que resulta tanto o más grave es una realidad que desde APROPOBA hemos señalado en un principio: no se puede encarar la solución de los problemas si no se llega antes al reconocimiento liso y llano de los errores cometidos”, afirmó.

Por otra parte, sostuvo: “Los legisladores son los principales responsables de lo que ocurre. Primero, por haber aprobado leyes anticonstitucionales que destruyeron las principales fuerzas policiales provinciales, en especial de Buenos Aires”.

“Los derechos del trabajador policial como ciudadano argentino y que protegen primariamente la Constitución Nacional, como el de libre agremiación, son negados irracionalmente. Las leyes laborales, ignoradas”, advirtió.

Por último, manifestó: “La democracia renga de nuestro país no permite, por otra cosa que no sea el vulgar capricho y la inconveniencia política que se reconozca a los policías el derecho sindical que prescribe la Constitución Nacional “para todos los ciudadanos”. No por ello se eliminan los derechos de estos trabajadores y llegará el día que podamos reclamarlos formalmente como ciudadanos de primera”.