Se manifestaron a favor de la autonomía municipal y la existencia de una Policia Comunal, pero en contra de su financiación a través del aumento de tasas y servicios municipales.

Además consideraron que la financiación de una Policia Municipal debería darse a partir de una prolija administración de los recursos comunales. Vale destacar que las arcas municipales reflejaron un deficit acumulado de cerca de trescientos millones de pesos, por lo que en tales circunstancias y más teniendo en mira el anuncio del traslado de la municipalidad, resulta económica y financieramente inviable la instrumentación del proyecto de creación de la policia municipal.

También expresaron su temor, razonablemente fundado, que el aumento de tasas y servicios municipales en un 16% no sea suficiente para la creación y financiamiento de la policía, y que en cambio, ese incremento se diluya en cubrir deficits fiscales comunales ya mencionado, asimismo, recordaron que en el corriente año ya hubieron dos aumentos en tales rubros (tasas, derechos y servicios generales de la municipalidad y sobretasa residuos factura OSSE), los que volverán a ser incrementados en ese porcentaje.

Analizaron también la complejidad y diversa posibilidad de abordaje del tema destacando solo a modo de ejemplo que no se han analizado ni explicado con la debida amplitud aspectos tales como: instrumentación de su creación, formación de sus integrantes, convivencia e interacción con fuerzas policiales de otra jurisdicción, protocolos de actuación funcional, equipamiento y armamento, etc.; haciendo especial hincapié en que la seguridad no se alcanza con la sola creación de una policia comunal sino que requiere de un Plan Integral de Seguridad.

Por último destacaron que desde la perspectiva jurídico-legal, la creación de la policía comunal admite distintos criterios, alguno de los cuales expresan la imposibilidad legal de su creación, por lo que el tema se ha judicializado y creará nuevos planteos judiciales en el futuro. Estimaron que el Ejecutivo municipal debió haber aventado cualquier duda acerca de la legalidad del proyecto con una acción previa declarativa de certeza planteada por la misma municipalidad.