En un comunicado, Larriera dijo que Hooft impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que se le formulan.

El fiscal explicó que la declaración indagatoria es el acto de defensa por antonomasia, pero Hooft se rehúsa a asistir, actitud que resulta cuanto menos paradójica, al tratarse de un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez.

El imputado ha pedido la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó al juez ahora actuante y, finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente el pasado 15 de abril a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria, agregó.

El juez Martín Bava citó a Hooft a indagatoria tres veces, entre julio de 2012 y abril de este año, pero el imputado nunca concurrió amparado por sus fueros de magistrado, luego de que seis jueces federales de la jurisdicción se excusaran de intervenir en el expediente y ante el primer pedido de la fiscalía para que se lo cite en calidad de imputado, el 1 de noviembre de 2011.

Después del último llamado a indagatoria, previsto para el 16 de abril pasado, el Tribunal Oral Federal de La Plata, que juzgó en Mar del Plata los crímenes en la causa Base Naval II, ordenó investigar el accionar de Hooft durante la última dictadura militar, lo cual confirma una vez más las firmes sospechas que fundan el llamado a declaración indagatoria que impulsa la fiscalía apuntó Larriera.

Esta orden de investigar a Hooft se dictó luego de un juicio oral diferente llevado a cabo por jueces de la ciudad de La Plata, en forma completamente independiente de la causa que tramita en Mar del Plata, explicó el fiscal.

Luego de las reiteradas ausencias de Hooft a los llamados a indagatoria, el juez Bava fijó ahora una nueva audiencia para recibirle declaración al imputado el próximo 4 de junio, orden que está vigente.

Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como La Noche de las Corbatas.

Para la fiscalía esos delitos no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft.