El fiscal es Juan Manuel Petilliani. La causa “Dulcinea” N°17.032 se inició en marzo del 2010 cuando la víctima Dalaida Mayellin logró fugarse del prostíbulo y denunció engaño, servidumbre y amenazas. Tiempo después, la declaración de otra víctima de identidad reservada acompañada a la justicia federal por la Fundación Alameda logró impulsar la causa y una serie de allanamientos derivaron en 9 procesamientos.

Como autores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual serán juzgados Jorge Daniel Sánchez, su mujer Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sánchez, encargados del manejo del negocio, tanto en la captación de las víctimas como en el traslado, la recepción y su ulterior reducción a servidumbre.

También, como autor primario el policía Claudio Marcelo Campo, de la Dirección de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, quien se encuentra con prisión preventiva. El uniformado concurría asiduamente al prostíbulo representando a la autoridad pública con el propósito de intimidar y condicionar moralmente a las víctimas, cobrando de forma regular una suma de dinero a cada una por dar aviso previo respecto de supuestos controles migratorios.

Como partícipes secundarios del delito de trata y violación a la Ley de Migraciones, a Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando se les imputa haber ocupado diversos roles en la red de trata, como requiriente, apoderado y gestor de las víctimas, respectivamente, para realizar trámites migratorios irregulares, extrayéndoles dinero y abusando de su situación de vulnerabilidad.

Cabe mencionar, que durante la investigación fue removido de su cargo el titular de la Delegación Regional de Migraciones, el fallecido Fernando Scarpatti e intervenida la dependencia luego de haber sido allanada por la justicia para secuestrar documentación pertinente.

Por otra parte, el abogado Roberto Montechia ya había sido señalado por la Fundación Alameda en un escrache público en su domicilio particular por desempeñar el mismo rol en la red de trata del prostíbulo “La Posada”. Además, como participes secundarios se les imputa a Carmela Concepción Colas y Angel Hernandez Cabral de encargarse en el prostíbulo de la barra y la seguridad respectivamente.

Las mujeres sometidas a esclavitud sexual en prostíbulo “Dulcinea” se encontraban bajo un régimen de encierro comprobado y hacinamiento, el sometimiento compulsivo a la práctica sexual sin elección y la imposición de un régimen disciplinario de índole económico.

Debían “trabajar” de lunes a lunes, tanto en horario vespertino como diurno, teniendo que vivir las víctimas en las mismas habitaciones en donde se realizaban los “pases” con los clientes.

El cuadro de vulnerabilidad de las víctimas está conformado para la justicia no sólo por la condición de migrantes, género y pobreza que habitualmente es aprovechada por las redes de trata de personas, sino también por el aditamento intimidatorio de presumir y ostentar el vínculo con autoridades policiales y migratorias que agravaron dicha vulnerabilidad.