Si hay algo que se destaca en estos tiempos plagados de incertidumbres es que la cuestión de la (in)seguridad está instalada en el centro de la batalla política. Los Partidos Políticos tradicionales se rasgan las vestiduras por conseguir mayor “clientela electoral” que la inseguridad les ofrece. El gobernador Scioli y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, ante la inexistente fuerza social territorial que los sustente, buscan garantizar su presencia en las calles de la mano de la estructura armada de la Policía Bonaerense. Por eso que este año, con el inconstitucional decreto de emergencia en seguridad, ampliaron en forma descomunal la institución Policial, que nuevamente aumenta su fuerza operativa y difusión en las calles. Pero la policía no es solo una fuerza represiva, sino un ente recaudador, que permite generar “cajas” para el poder político y policial. Así, más policías sin cambios estructurales significan más “cajas” que sustentan y generan el delito, como así también mayor violencia en el territorio.

Sin embargo, partiendo de este contexto, todo intento de reforma policial o del sistema de seguridad, se hace desde la óptica (simplista a nuestro entender) del incremento de la inseguridad como mero aumento de hechos delictivos.

Sumado a esto, no se puede dejar de señalar que las operaciones mediáticas fueron construyendo fuertes cambios en el tratamiento de la “noticia policial” con el propósito de instalar y naturalizar un estilo narrativo sensacionalista que no hace más que reforzar la estigmatización de la pobreza, apuntando principalmente a la juventud y a los inmigrantes.Se hace necesario entonces mecanismos de regulación de la noticia policial, con la misión de construir una comunicación no violenta.

Estas miradas, que dan cuenta de la inseguridad a partir de la criminalización de la pobreza, pierden de vista que gran parte de los delitos (económicos, financieros, sexuales, etc.) involucran a sectores sociales de alto poder político y económico.

Sin embargo, las “causas estructurales” de la inseguridad no pueden ser entendidas por fuera de los grandes negociados actuales (ilegales o informales) que forman parte del “modelo”: el lavado de dinero, la economía en negro, la trata de personas, el narcotráfico, los excedentes del agronegocio; como así tampoco del negocio de la seguridad privada, del fútbol, del financiamiento de los partidos políticos tradicionales, etc. Si a eso le sumamos la violencia potencial que engendra una sociedad que pondera el acceso a ciertos bienes de consumo como sinónimo de bienestar, y ha construido buena parte de sus identidades en esa relación con el mercado, las condiciones para un marco violento están dadas.

En suma, los negocios millonarios y el papel de las fuerzas de seguridad (sumado al de ciertos funcionarios políticos) constituyen el nudo mafioso –y menos visible- de ese pedazo de realidad que nombramos a diario con la palabra inseguridad. Por eso, los discursos que alientan las medidas represivas como la única solución no hacen más que reforzar la idea de peligro, de miedo, la estigmatización y la segmentación social, y mantienen a salvo y aisladas las verdaderas causas de este fenómeno.

Dentro de este escenario, tras el fracaso de Acción Marplatense en su intento por crear una Policía Municipal autónoma de la Policía Bonaerense, hace varios días que en la Comisión de Legislación y en el Concejo Deliberante se están discutiendo los pormenores para la puesta en marcha de la Policía Local. Es importante entender que, introducir en la ciudad de Mar del Plata 700 efectivos policiales, puede conducir a los territorios más vulnerables a vivir acrecentamientos de la violencia que todavía no conocemos. El desmadre está al alcance de la mano.
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