Cada 23 de marzo, Camilo Alves tiene que salir temprano de su casa, sentarse en un bar a tomar un café, cerca de la ventana, desde donde poder ver gente pasar. Necesita contrarrestar la oscuridad de la capucha que llevó en su rostro mientras duró su cautiverio. Luego, la necesidad de caminar unas cuadras, dos o tres, sin mirar para atrás para ver si lo están siguiendo. El desafío personal habla de secuelas del terrorismo de Estado que aún perduran: “Van cicatrizando las heridas físicas pero las psíquicas siguen abiertas”, dijo ante el Tribunal.

“Mientras haya impunidad la tortura sigue”, dejó en claro Alves en la primera audiencia de testimoniales realizada en el marco del juicio denominado Base Naval 3 y 4, donde se juzga el accionar de la Fuerza de Tareas N°6 y su coordinación con el Ejército.

El testigo, que militaba en el Peronismo de Base, fue secuestrado en la noche del 23 de marzo de 1976, a horas del Golpe Cívico Militar, en su casa de Miramar, situada sobre la calle 27. Llegó un grupo de la Armada que rompió la puerta de entrada, y lo fue a buscar a su habitación: después de identificarlo, lo golpearon, le pusieron un suéter en la cabeza y lo llevaron en un camión.

“Ahí empezó mi tortura”. Alves, si bien ya había prestado declaración en otras causas, no pudo contener la emoción: recordar revolvió el dolor de lo vivido. Y trajo al presente a sus padres, presentes el día de su detención. Vio a su mamá tirada y golpeada, y luego se enteró que su padre salvó por poco su vida: si el culetazo que le dieron en la cabeza, hubiese sido del lado izquierdo, donde llevaba un marcapaso, no hubiese sobrevivido.

Enseguida, fue llevado hasta la comisaría de Miramar: allí estuvo encapuchado y con una soga que ataba sus muñecas y su cuello. Si se cansaba de mantener levantados los brazos, se ahogaba. Al borde del desmayo en una oportunidad, tuvieron una concesión y permaneció tirado en el piso.

De allí lo trasladaron a Mar del Plata. Después de dejarlo tirado en una playa a la intemperie una noche, fue llevado al GADA. Sin capucha, pudo reconocer a otros detenidos. Allí, por los comentarios que escuchaba, se dio cuento que había habido un Golpe de Estado.

Sin demasiada percepción del tiempo, Alves relató que luego fue trasladado a la Base Naval: por debajo de la capucha, cuando comía, vio que los cubiertos tenían la inscripción ARA, sigla que refiere a la Armada Argentina. También mencionó que lo tuvieron sentado en un pupitre, como los de una escuela. Durante su cautiverio en Base Naval dijo que fue interrogado y torturado, siempre con capucha y las manos atadas.

El día que lo liberaron, lo subieron a un auto. Dieron muchas vueltas, le dijeron que lo matarían. Finalmente, lo dejaron en la rotonda frente al Faro. Le quitaron la capucha, le ordenaron cerrar los ojos y contar hasta 100, o 200. Le sacaron el documento que el día de su secuestro le habían puesto en el bolsillo de su camisa y le dejaron un billete para que tome el colectivo a Miramar. La orden fue que vaya a su casa y allí se quede, pero Camilo prefirió resguardarse y luego salir del país. “Me fui de Miramar porque pensaba que me iban a matar”, dijo durante la audiencia.

Cuando las defensas tuvieron oportunidad de hacer preguntas, tomó la palabra el defensor oficial José Galán, quien interrogó insistentemente por si había recurrido a la Justicia cuando recuperó su libertad. Ante ello, Alves explicó que al salir confirmó efectivamente que había habido un Golpe de Estado, y que lo habían dado quienes lo secuestraron. “Lo único que pensé es en irme de Argentina”, señaló.

Y ante las repreguntas, fue más claro aún: “Señor, yo estaba clandestino. No existe la legalidad en estas circunstancias. No llegaron a mi casa con un exhorto judicial, entraron rompiendo la puerta, me golpearon y me sacaron con un pulóver en la cabeza. ¿Cuál es la instancia legal que cabe en estas circunstancias?”.

“Está en sus manos terminar con la impunidad”, les dijo a los jueces Mario Alberto Portela, Néstor Rubén Parra, Alejandro Daniel Esmoris y Jorge Aníbal Micheli, antes de retirarse.

DE GADA A BASE NAVAL

El primer testigo de la jornada fue Luis Alimonta, hermano de Rubén, quien fue detenido ilegalmente en diciembre de 1975 –liberado casi veinte días después-, y luego de nuevo secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976.

Al terminar su declaración, se incorporó la de Rubén Alimonta por medios fílmicos. Allí relató que el día del Golpe, encapuchado, fue llevado al GADA y luego a Base Naval. “Ahí hubo un trato bastante cruel, actos denigratorios para tratar de quebrarnos moralmente. Fueron diez o doce días bastante duro, con golpizas, amenazas de fusilamiento, siempre encapuchado”, relató.

Tuvo un paso por la Prefectura Naval, donde fue revisado por un médico y vio a Adolfo Molina y el abogado Battaglia. Luego fue llevado de regreso a un calabozo de la comisaría de Miramar, para ser trasladado después hasta la Unidad 9 de La Plata.

Por último, este miércoles se escuchó el testimonio de Patricia Pérez Catán, quien relató las circunstancias de los secuestros de su hermano Alejandro y su cuñada, María Victorina Flores. Se los llevaron el 31 de julio de 1976 de su departamento de Independencia al 600. Su beba de poco más de un año quedó al cuidado de una vecina, quien dio aviso a los padres de Alejandro de lo sucedido. Según el relato de Patricia, fueron trasladados a la Base Naval, luego a ESIM, y de allí en avión fueron llevados hasta Puerto Belgrano. Él quedó preso en Sierra Chica y ella en Devoto. Tras conseguir la libertad, en septiembre de 1977 se fueron exiliados a España.

Por el Ministerio Público Fiscal de la Nación estuvieron presentes Pablo Larriera y María Eugenia Montero, acompañados por María José Buglione. De los imputados sólo presenció la audiencia el exjefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza de Submarino, Juan José Lombardo.