Hizo falta transitar más de 20 años de reconstrucción de los procesos de gobierno elegidos por mandato popular para que el Estado iniciara una reparación social de los horrores encarnados por la Dictadura Militar y para que el pueblo argentino pudiera estar orgulloso de levantar las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia; de enjuiciar y castigar a los responsables del período más oscuro de nuestra historia y de fundar las bases sólidas del repudio a los mecanismos del terror a los que nunca más queremos volver. Resulta, por tanto, inadmisible que se intente legitimar desde las páginas de un diario una demanda de retroceso en ese camino, e instalar el concepto de “venganza” para describir decisiones políticas que sólo pueden entenderse como una búsqueda de justicia.

Entendemos que una editorialización en estos términos, nada menos que un día después de la elección de un nuevo presidente en la Argentina, no tiene otra intención más que la de condicionar a la futura gestión de gobierno. Y desde el profundo respeto que nos merece la expresión de la voluntad popular, repudiamos que una construcción mediática busque confundir la manifestación de aquellos que en el día de ayer se pronunciaron en las urnas por un cambio de política, con un cambio de estas características que el pueblo argentino enterró hace ya muchos años.

Esta práctica se ha dado en este y otros medios de comunicación de nuestro país en más de una oportunidad. No podemos dejar de recordar los días previos a la asunción del ex presidente Néstor Kirchner, cuando el Diario La Nación –en aquella ocasión bajo la firma de su entonces subdirector Claudio Escribano- editorializó con esta misma intención de condicionamiento político: Pronosticó que su mandato duraría solamente un año y le presentó una serie de condiciones –llamativamente funcionales a los intereses de los grupos de poder económico concentrado- que debería cumplir si quería alcanzar la gobernabilidad.

Defendemos el rol de los medios de comunicación como actores fundamentales en los procesos democráticos y como garantes de la expresión y la información de los pueblos. Por eso, rechazamos enérgicamente que en su rol de formadores de opinión y detrás de la bandera de la libertad de expresión, se intente establecer una agenda de desestabilización que no hace más que dañar las bases de la democracia.