El “protocolo” contra las manifestaciones populares anunciado por la ministra Patricia Bullrich representa un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social. La letra chica del documento, que fue presentado ayer ante secretarios de seguridad de las provincias, conduce a la ilegalización de las marchas, cortes y otras formas de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad no sólo un poder represivo enorme, sino funciones que son propias de la Justicia.

El “protocolo” introduce la obligación de avisar anticipadamente al gobierno sobre las acciones de lucha que se realizarán. Pero no sólo eso. Los funcionarios también se arrogan el derecho de determinar sus características, como ser tiempo de duración, recorrido, modalidad, etc. De no aceptarse estas imposiciones el gobierno recurrirá a la represión directa para terminar con la acción. Dado que muy buena parte de las acciones de lucha apuntan contra el propio gobierno, salta a la vista que no puede ser éste quien determine cómo se lucha contra él. Por lo pronto, el gobierno puede imponer que una marcha debe terminar antes de que los funcionarios hayan dado una respuesta al reclamo presentado. El estar de ambos lados del most! rador delata el objetivo represivo.

Las manifestaciones o cortes que no hayan sido avisados y pactados con las autoridades serán directamente prohibidos. Los cortes de calle de estos días para reclamar por la vuelta del servicio eléctrico, por ejemplo, hubieran sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. El plazo que tendrán los manifestantes para despejar el área será “brevísimo”. La ministra Patricia Bullrich fue más precisa aún en reportajes a los medios de comunicación: “en 5 o 10 minutos los sacamos”. En estos casos las fuerzas de seguridad intervinientes podrán actuar sin que medie orden judicial alguna, adjudicándole funciones que son propios de jueces y fiscales. Y podrán portar armas de fuego, incluso los que están en la primera línea de la represión.

Como no dan puntada sin hilo, el “protocolo” le dedicó un capítulo especial a la tarea de los periodistas, que no tendrán libertad para cubrir la represión callejera. Deberán ocupar el lugar que le indique las fuerzas de seguridad actuantes, cercenando la libertad de prensa y la posibilidad de cubrir cómo corresponde la represión. Es sabido que en muchas manifestaciones la presencia de medios de comunicación sirve como protección a los manifestantes, y son innumerables los casos en los que fue sólo gracias a la presencia de periodistas que se pudo reunir las pruebas necesarias para esclarecer crímenes contra el pueblo (Kosteki y Santillán y Mariano Ferreyra).

Los ministros de seguridad de las provincias, mayormente del FPV, aceptaron el “protocolo” y aseguraron que será implementado en sus respectivos distritos. Sólo tres provincias aún no lo hicieron, entre ellas Santa Cruz, que se comprometió a “estudiarlo”. Hay que recordar que en las últimas semanas Alicia Kirchner le pidió a Macri el envío de la Gendarmería a la provincia, para reprimir los cortes de ruta de los obreros de la construcción despedidos. La aceptación de las provincias del FPV no debe sorprender; en su campaña electoral Scioli prometió “tolerancia cero con los piquetes”. Macri le tomó la palabra.

Las fuerzas de seguridad que tendrán el poder de reprimir sin orden judicial son las mismas que hace semanas balearon una murga de chicos en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, y son también las que “administran” el narcotráfico, la trata de mujeres y todo tipo de delitos. Que esas fuerzas descompuestas asuman tal poder debe conducir necesariamente a crímenes brutales contra el pueblo.

El “protocolo” represivo es el complemento necesario de los tarifazos, despidos y techo salariales que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer a los trabajadores. Es necesaria una gran acción de lucha para doblegar esta política represiva.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.