La iniciativa fue aprobada sin cambios, con los votos de los senadores del bloque FpV-PJ, los tres massistas, los legisladores del GEN, la Coalición Cívica y Proyecto Sur y parte del Interbloque Federal.

Pese a los intentos del Gobierno por congelar el proyecto mediante las gestiones de los senadores Federico Pinedo y Ángel Rozas y los llamados a varios gobernadores, el arco opositor se expresó mayoritariamente a favor durante el debate.

No obstante, el respaldo del PJ-FPV -impulsor de la iniciativa que declara la "emergencia ocupacional" en todo el país- el Interbloque Federal, los tres massistas y los legisladores del GEN y la Coalición Cívica tuvo sus matices.

Hubo varios senadores que pidieron modificar el proyecto para exceptuar de la prohibición las pequeñas y medianas empresas, como fue el caso del salteño Rodolfo Urtubey, del PJ-FPV, los tres massistas y senadores del Interbloque Federal más cercanos al Gobierno, como Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero.

Sin embargo, hubo consenso respecto de la necesidad de darle media sanción a la iniciativa tal y como salió de la Comisión de Trabajo del Senado y girarla a la Cámara de Diputados, principalmente debido al reclamo que las centrales gremiales llevaron al Congreso.

El proyecto prohíbe los despidos y las suspensiones en el sector privado y en el sector público nacional por 180 días y le otorga a los trabajadores que fueran echados luego de la entrada en vigencia de la ley el derecho de optar por la reincorporación o el cobro de la doble indemnización.

En su artículo sexto, aclara que estas condiciones no serán aplicables para las contrataciones celebradas con posterioridad a la eventual entrada en vigencia de la ley, es decir, que no se verán alcanzadas las empresas que tomen nuevo empleo.

En nombre del oficialismo, Pinedo señaló que el proyecto implica un "cambio de las reglas de juego" que no genera "condiciones" para crear empleo a partir de las inversiones que el Gobierno espera para este año y calificó la iniciativa opositora como una "propuesta acotada que no se preocupa por la situación del trabajo en negro, ni por las pequeñas empresas".

El presidente provisional del Senado subrayó que "las reformas económicas de los primeros meses de gobierno van a generar este año 12 mil millones de dólares de inversión" que redundará en la "generación de empleo" en el sector primario, industrial y turístico.

Además, sostuvo que la mayor caída del empleo se dio en el sector de la construcción, a raíz de que "el Estado nacional paró el pago de obras públicas", pero aseguró que el Gobierno comenzó a pagar esas deudas y que por ello "buena parte de los puestos de trabajo se van a recuperar".

En cambio, el pampeano Daniel Lovera, (PJ-FPV), autor del proyecto, aseguró que "no es cierto" que el proyecto sea "un cepo a la generación de nuevo empleo, porque exceptúa a todos aquellos que tomen nuevos trabajadores".

"El objetivo de este proyecto es tan claro como contundente.

Queremos preservar los empleos durante un tiempo limitado esperando que cambien las condiciones socio económicas en el país", señaló Lovera.

En tanto, el chubutense Mario País (PJ-FPV) puso de relieve que el trabajo es "un derecho humano", al tiempo que resaltó que en la sociedad hay "inseguridad de perder el empleo", mientras que su compañero de bloque entrerriano Pedro Guastavino advirtió que "el oficialismo quiere esconder la ola de despidos".

En la postura intermedia, la fueguina Miriam Boyadjian, del interbloque massista UNA, advirtió que "este proyecto va a generar gravísimos problemas, sobre todo a las pymes, que no van a poder pagar una doble indemnización", aunque adelantó el voto positivo en general de esa bancada.

Como aliado del Gobierno, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) se expresó en contra de la propuesta, a la que calificó como "poco práctica" y también alertó sobre posibles complicaciones para las pymes.