Además, el Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela, impuso multas de 25 mil y 50 mil pesos a los condenados Luis Mario Denuncio y al contandor Néstor Omar Verdinelli, respectivamente.

La causa comenzó en el año 2000 por lo que los magistrados en principio debieron resolver si el delito del que se los acusaba había prescripto. Finalmente rechazaron el pedido de la defensa por haber intervenido un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

En tanto, condenaron a Denuncio y Verdinelli, a las penas de tres años de prisión en suspenso por los delitos de “sustracción de objetos destinados a servir como prueba” y “defraudación en perjuicio de la Administración Pública mediante la ocultación de prueba obrante en expedientes administrativos”.

En la causa se tuvo por acreditado que el agente de la AFIP -en connivencia y por encargo del Verdinelli- sustrajo documentación relativa a distintos expedientes que se tramitaban ante el organismo de control fiscal. Luego se los entregaba al contador, quien los destruía u ocultaba.

Estos documentos estaban destinados como prueba de los reajustes impositivos correspondientes a diversos contribuyentes que eran clientes de Verdinelli. Esta situación le generó un claro perjuicio patrimonial a la Administración Pública.

El fallo, cuya sentencia se leyó el 30 de junio aunque recién trascendió hoy, destacó que la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal, en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, se basa en el afán moralizador y de transparencia en el ejercicio de la función pública respecto de aquellos para quienes existe una mayor rigurosidad en virtud de su vinculación con el Estado; y, que el derecho positivo argentino no hace distinción entre los conceptos de funcionario y empleado público.

La sentencia contó con la disidencia del juez Portela quien votó por la imposición de 5 años de prisión para el contador Verdinelli y 4 para Denuncio, ambos de cumplimiento efectivo ordenándose su detención. Esta postura no fue acogida por el resto del tribunal por la excesiva demora en la tramitación del proceso.