La causa se había iniciado a raíz de la denuncia de la jueza a cargo de la quiebra, Julia Villanueva, quien remitió testimonios de las actuaciones de ese expediente a la justicia penal.

La causa fue investigada por la Fiscalía N°49, a cargo de Paula Asaro, con la colaboración del área Operativa de Concursos y Quiebras de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que trabajaron conjuntamente en el diseño de las medidas probatorias, el análisis de la información y el diseño de la estrategia para la imputación, precisó el sitio Fiscales.gob.ar.

Tras analizar los elementos aportados por el Ministerio Público Fiscal y el resultado de las indagatorias, el juez de instrucción señaló que había "elementos de convicción suficientes para procesar a Giordano por aparentar un estado de insolvencia que no guardaba relación con su realidad económica".

A su vez, afirmó que “la esforzada y prolija artimaña pergeñada por Giordano a la cabeza había logrado su fin: frustrar los derechos de la masa de acreedores”.

En el procesamiento el juez analizó las pruebas que comprobarían el ocultamiento de los inmuebles a la masa de acreedores de la quiebra de Giordano: “1) el comprobado vínculo entre accionistas y representantes entre las sociedades entre sí y con Roberto Giordano, 2) la ausencia de actividad comercial de las sociedades y la imposibilidad de los socios para adquirir los bienes y 3) que Roberto Giordano era y siguió siendo dueño de las propiedades que fingió transmitir a otros o que otro adquirió a su nombre”.

El procesamiento resaltó además la conducta del escribano y cuñado de Giordano, quien colaboró en la constitución de las sociedades y en las operaciones de compraventa de los inmuebles que le permitieron al peluquero ocultar sus bienes. Asimismo, tres de las cómplices imputadas en la investigación reconocieron haber firmado algunos de los documentos investigados relativos a la constitución de las sociedades fantasmas "a modo de favor".