La norma fue publicada en el Boletín Oficial. Los fundamentos se basan en que las empresas tienen que recuperar en su facturación “las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad” y “las diferencias generadas en el costo propio de distribución”.

Además, incluye “el recupero de las diferencias correspondientes al costo propio de distribución y del costo mayorista de compra” y se aplicarán a “todos los cargos variables por el total de la energía de cada usuario, considerando las distintas categorías tarifarias”, incluyendo la tarifa social.