“La decisión adoptada por el Presidente a través del Decreto 669 de Necesidad y Urgencia (DNU), modificando el cálculo base para el pago de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, es anti- constitucional ya que no existe circunstancia excepcional y ni siquiera los considerandos del decreto explican los fundamentos por los cuales se habilitó el dictado; es anti-jurídico ya que en forma absolutamente arbitraria dispone la aplicación retroactiva de la norma y es totalmente regresiva ya que reduce objetivamente el monto a percibir por el trabajador”, señalaron. el presidente del Bloque de UC, Daniel Rodríguez y el candidato a diputado provincial, Daniel Di Bártolo, ambos integrantes de la Fundación CEPES.

El decreto DNU en cuestión borra la tasa del Banco Nación como referencia y la reemplaza por un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), afectando de este modo los derechos de los trabajadores.

En particular, si la norma no es declarada inconstitucional cuando llegue el reclamo de la familia del trabajador que murió hace una semana en la obra del Aeropuerto de Ezeiza, se le va a aplicar esta baja en la indemnización. Es aberrante pensar en ese trabajador y tantos otros que tienen incapacidad laboral definitiva o muerte y se les aplique en forma retroactiva una norma.

El decreto está redactado a la medida de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, cuidando sus intereses económicos – financieros y la letra del mismo evidencia que el objetivo no tiene nada que ver con el derecho protectivo sino con la ecuación económica.

“Rechazamos esta nueva medida arbitraria del Presidente Macri que, en pleno proceso electoral, vuelva a modificar una legislación volcando la balanza en detrimento de los trabajadores y de los que menos tienen”.

“Nuestro proyecto de ciudad enlazado al proyecto de Provincia y al proyecto de Nación está centrado en el TRABAJO, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el cuidado y la protección hacia los que menos tienen, entendiendo que justamente el rol del Estado pasa por regular para una mejor convivencia social y no decidir siempre a favor de un sector”, dijeron Daniel Rodríguez y Daniel Di Bártolo al comentar los efectos nocivos del decreto de Macri.