Con un acuerdo extraordinario, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Mauricio Macri dispuso modificaciones para el programa de testigos protegidos, quitando injerencia al Gobierno, a menos de dos semanas de la asunción de Alberto Fernández.

La ley 25.764 otorgó facultades al ministro de Justicia para administrar el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Desde 2016, la oposición política denunció que la gestión Macri había utilizado este programa para “negociar” declaraciones en contra de ex funcionarios kircheristas.

El Programa maneja a más de 200 imputados o testigos. Se encuentran bajo protección en este programa, por ejemplo, el chofer Oscar Centeno, testimonio en base al cual se erigió la denominada causa de los cuadernos de las coimas; y el ex secretario de Obras Públicas, José López.

Con el DNU 795 publicado ayer en el Boletín Oficial, Macri creó la Agencia Nacional a Testigos e imputados. La misma contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de Casación, un representante de la Procuración General y uno del Ministerio de Seguridad.

La Cámara Federal de Casación Penal publicó una resolución con la que planteó dudas sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la decisión presidencial.

El presidente electo, Alberto Fernández, había expresado su rechazo a la iniciativa. Atrás suyo salieron dirigentes kirchneristas con causas en la Justicia, a sostener que se trataba de una maniobra para ocultar supuestas “tropelías” del Gobierno con los testigos.