Se trata de la causa, que se inició en 2014, bajo la denominación de las usinas de facturas truchas, con la cual también quedaron vinculados varios empresarios de esa ciudad del sur bonaerense.

La resolución, según confirmaron fuentes judiciales, fue dictada por el juez federal Nº 1, Walter López Da Silva, quien a su vez le trabó a Báez un embargo de 120 millones de pesos.

Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti; José Antonio, Denis y Franco Ferreyra; Mario Pedraza, Rogelio Chanquía y Néstor Piñeiro también fueron procesados por ser supuestos integrantes de la organización. La misma suerte corrió Martín Antonio Báez, hijo de Lázaro. De todas maneras, todos seguirán en libertad.

Mauro Ficcadenti y Jorge Atilio Ferreyra quedaron con una falta de mérito, es decir un punto intermedio entre el procesamiento y el sobreseimiento.

La facturación apócrifa es una maniobra clásica en la que se simula la prestación de un servicio o la venta de un bien que genera una salida de dinero real, pero por conceptos diferentes a los contabilizados, dado que en verdad el servicio no se presta o el bien no se entrega.

En ocasiones el emisor simula el cobro para luego devolver parte de los fondos. Desde 2000 hubo una utilización masiva de facturación falsa en la obra pública de todo el país.

La mayoría de la facturación falsa se refiere a servicios, porque es más difícil para la AFIP probar su falta de prestación. Son clásicos los casos de facturación falsa en publicidad, asesoramiento empresario, diseño y elaboración de sistemas informáticos